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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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04 Agosto 2017 04:00:00
En el pecado va la penitencia
Nada inaccesible se torna la posibilidad de que la autoridad electoral declare nula la elección celebrada el pasado 4 de junio en Coahuila, al menos la relativa a la del cargo de gobernador, lo anterior en consecuencia de que ya el Consejo General del INE aprobó el dictamen propuesto por la Unidad de Fiscalización, en el cual se resolvió que tanto Guillermo Anaya Llamas como Miguel Ángel Riquelme Solís rebasaron los topes de los gastos de campaña, lo que constituye una violación grave a los principios de legalidad y certeza en un proceso electoral, en términos del Artículo 41 de nuestra Constitución Política federal.

El citado precepto constitucional establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación y que dicho sistema deberá dar definitividad o certeza a las distintas etapas de los procesos electorales. De igual forma, en dicho numeral se establece la necesidad de instituir un sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, considerando como tal, al exceso en el gasto de campaña, en un rubro mayor al 5% del monto total autorizado; aunado a la estrecha diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar, menor al 5 por ciento. En tal caso deberá considerarse la nulidad de la elección, por lo que deberá convocarse a una elección extraordinaria, en la que no podrán participar los infractores.

Entonces, en estricto apego a la ley, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá, sin duda, considerar que estos excesos en los gastos son causa suficiente para anular la elección coahuilense, mandatando en consecuencia que dicha elección se repita sin los dos candidatos punteros (Guillermo Anaya Llamas y Miguel Ángel Riquelme Solís), por haber dado motivo de la nulidad.

Por su parte, el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza nos obliga a observar la decisión de la autoridad sancionadora, ya que la misma está obligada a observar lo establecido en el Capítulo Segundo, del título de sanciones, en su Artículo 273, que establece que dichas conductas deberán ser sancionadas, respecto de los partidos políticos, con la cancelación de su registro como partido político estatal y si las violaciones fueren cometidas por partidos políticos nacionales, con la cancelación de la inscripción del registro.

Ante este escenario, es evidente que tanto al PAN, como al PRI, bastante bien le vendrá que la elección extraordinaria se lleve a cabo sin sus candidatos primigenios, ya que ante este supuesto, la autoridad estaría considerando que los únicos responsables de los gastos excesivos en campaña son los candidatos, por lo que no procederá sanción alguna en contra de los partidos políticos y, en todo caso, tendrán el derecho a sustituir al candidato sancionado. (Artículo 273 CEECZ).

No todo está mal, la elección extraordinaria deberá representar para los coahuilenses un golpe de suerte, así como la oportunidad de castigar a los partidos políticos por las consecuencias de sus acciones, o, lo que es lo mismo: en el pecado va la penitencia.
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