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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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03 Noviembre 2017 04:00:00
En esta no
Tal cual lo exige la Ley Electoral, el pasado miércoles, tanto el Instituto Electoral de Coahuila, como la Junta Local Ejecutiva en nuestro estado, del Instituto Nacional Electoral, anunciaron el inicio del proceso electoral 2017-2018, en donde se elegirá, en lo local, a los ayuntamientos municipales y en lo nacional, al titular del Ejecutivo y a los integrantes de las cámaras de Senadores y Diputados.

Poco alentador fue el inicio del nuevo proceso eleccionario, mayormente, porque los titulares de ambos órganos electorales, Gabriela de León Farías y Juan Álvaro Martínez Lozano, en sus discursos de instalación, olvidaron aceptar que el proceso electoral que debió culminar en junio pasado, y que aún no concluye, estuvo plagado de irregularidades y descuidos por parte de los organismos que ellos mismos dirigen.

Esta falta de autocrítica y retrospectiva por parte de los citados funcionarios nos lleva a considerar, desde ahora, que el nuevo proceso electoral, significará para los coahuilenses el salir nuevamente a votar sin la certeza de que el resultado de las elecciones coincida plenamente con la voluntad del electorado.

La desafortunada postura planteada por quienes tienen en sus manos la inexcusable obligación de ejercer como autoridad las atribuciones que la ley electoral les otorga puede ser el anuncio de una renuncia tácita por parte de los mismos de procurar que el proceso 2018 se lleve a cabo dentro de los cauces de la legalidad.

Es decir, la falta de aceptación de los errores cometidos por la propia autoridad electoral en el proceso 2016-2017 en Coahuila significa que para ambos organismos nada hay que corregir y que la certeza y la legalidad no son necesariamente los principios rectores de un proceso eleccionario, según su consideración, por lo que la falta de los mismos será la constante en la elección que recién nace.

Ante este panorama, debemos entender, pues, que a Coahuila jamás llegó lo que la gran reforma electoral nacional del 2014 prometió: la creación de un instituto electoral de ideas, un órgano de estado dedicado a incentivar y respetar la voluntad ciudadana, un órgano exclusivamente ciudadano, alejado de intereses y cercano a la sociedad.

Y que, por el contrario, los coahuilenses y los mexicanos seguiremos deseando un instituto electoral eficazmente blindado para no permitir intromisiones que vulneren su autonomía. Un instituto electoral que resuelva lo instrumental con eficacia y al mismo tiempo, perfile y afine el proceso democrático en México. Si no, que los esfuerzos y los recursos que significan estos institutos electorales, no dejarán de ser la carga de una burocracia pesada, sin el reconocimiento de ser una autoridad eficiente, que por lo menos ofrezca resultados oportunos y con certidumbre.

Entonces, es evidente que la elección 2017-2018, muy lejana estará de establecer un parteaguas entre procesos electorales siempre cuestionados, tanto por su legitimidad, como por la equidad en la competencia, frente a procesos electorales transparentes, equitativos y, sobre todo, socialmente legitimados, lo que a todas luces no es para ellos la parte más importante. Ni hablar, no nos queda más que seguir esperando, ya que, por lo visto… en esta no.
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