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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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02 Diciembre 2016 04:00:00
Entre el Derecho y la Pronnif
Aún recuerdo aquel 12 de agosto de 2014, fecha en que el gobernador Rubén Moreira entregó a la licenciada Yezka Garza Ramírez el nombramiento como nueva procuradora de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), con ello se transformó a la Procuraduría de la Familia, la cual, se dijo, carecía de fuerza y efectividad.

Para dar paso a esta nueva procuraduría los legisladores locales se dieron a la tarea de derogar, reformar y desconocer una buena cantidad de preceptos legales que hasta entonces contemplaba nuestro Código Procesal Civil, de igual forma se reformó el Artículo 50 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: “La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia en cuyo objeto y atribuciones, además de lo establecido en la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, son brindar orientación, asistencia jurídica, defensa, protección y vigilancia para garantizar los derechos de las personas sujetas a asistencia social conforme a la presente Ley”.

Hasta aquí todo parecía estar bien, sin embargo, el problema surgió cuando, en las últimas semanas, una madre de familia de nombre Ángela Hernández Arenas denunció supuestos actos de corrupción de la titular de esta tan nombrada Procuraduría.

La afectada denunció que, a pesar de que un juez familiar le otorgó la patria potestad de su hijo, la Pronnif lo entregó a los abuelos paternos, en una franca preferencia hacia el padre y en desacato a una orden judicial. De inmediato, la procuradora emitió un comunicado en el que expone su actuación en estos hechos y en los cuales dijo: “Todas y cada una de las determinaciones que he tomado en esta institución están basadas en los resultados y conclusiones de los peritajes legales, estudios médicos y valoraciones psicológicas que se llevan a cabo, así como en los testimonios de las partes involucradas y de personas cercanas a los mismos”.

Con las declaraciones vertidas por la titular de la Pronnif se pone en evidencia que la misma desconoce que la única autoridad facultada para resolver conflictos de carácter familiar, valorar pruebas y ordenar peritajes es un juez de Primera Instancia en materia Familiar y nunca una dependencia distinta a la mencionada, tal como lo establece el Artículo 48 de la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, la cual dice que cuando la controversia en materia de violencia familiar amerite la intervención del órgano jurisdiccional, será competente para conocer de ella los jueces de Primera Instancia en Materia Familiar en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil para el Estado. De igual forma, el Artículo 76 del mismo ordenamiento establece que: quien sufra violencia familiar en cualquiera de las modalidades, podrá denunciar el hecho ante el juez en materia familiar. Es decir, nunca ante un organismo público centralizado de la administración pública del Estado.

Ahora bien, para el caso de que la procuradora familiar haya detectado la necesidad de su intervención dado lo apremiante del asunto, esta debió conceder la medida de protección, separando al menor de su madre, sólo de manera temporal, lo anterior tal como lo mandata el Artículo 60 de la citada Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, la cual reduce esta protección a un término no mayor a 36 horas, a excepción de que por cualquier medio se produzca la intervención de un juez de lo familiar, en cuyos casos se estará sujeto a lo que este último disponga.

Para colmo de males, y aunado a las anteriores violaciones realizadas por la Pronnif, esta misma, al momento de emitir su versión, perdió de vista que en la tramitación y resolución de los procesos y procedimientos de violencia familiar se deben observar, entre otros principios, el de reserva y de confidencialidad.

Así las cosas, y por si lo anterior fuese poco lamentable, en dicho comunicado la procuradora no dudó en señalar que la institución a su cargo seguirá actuando en todos los casos de los que tome conocimiento de idéntica forma. Ante tal amenaza, ¡que Dios nos agarre confesados!
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