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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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20 Septiembre 2020 04:01:00
Entre la improcedencia y la insuficiencia
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Semana de conmemoraciones atípicas fue la pasada, en la que gran agitación caracterizó al acontecer político.

Ataques y contraataques, acciones y reacciones, pero sobre todo distractores y farsas más dignas de una carpa, lamentablemente, que de un escenario civilizado.

Lo primero fue pretender consultar al pueblo si se aplica la ley o no, lo que no solo resulta absurdo, sino que incluso es ofensivo. ¿Acaso no puede ya la gente esperar que se aplique la ley, que es general, universal y abstracta, sin que se consulte a nadie sobre si hacerlo o no?

Las autoridades –todas y cualquiera– tienen por primer y elemental deber, aplicar la ley sin excusa ni pretexto, y para ello es irrelevante determinar si “el pueblo” lo aprueba o no.

La consulta popular que se pretende efectuar sobre si se quiere que sean los expresidentes enjuiciados por los hipotéticos delitos que hubieran podido cometer es, por lo tanto, absurda, irrelevante, demagógica y se diría que hasta irresponsable por la distorsión jurídica y ética a la que da cabida.

Ha sido, en cambio, un eficaz recurso para distraer de situaciones comprometedoras para quien quiere regir, con visos de absolutismo, los destinos del país, a la par que le permite enderezar sus baterías en dirección de sus “adversarios”, trasladando a otros la responsabilidad política –y los riesgos– de hacerlo.

Quién sabe que decida la Corte sobre la procedencia de la consulta solicitada al Congreso de la Unión, pero parece a todas luces improcedente considerar constitucional cualquier pretensión que sujete a una decisión plebiscitaria la procedencia de una norma en vigor y sin cuestionamiento específico a su validez. La democracia, sin apego a la ley, es precisamente lo que hace que ella misma se convierta en demagogia.

También, está la emergencia de un nuevo grupo parcial de gobernadores del norte del país, quienes dicen querer defender el sistema federal pero, en el fondo, están motivados por cuestiones financieras, olvidando que la unión federal es mucho más que participar de los ingresos federales y tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones autónomas, con la consiguiente asunción de responsabilidades, que le ha sido conculcada a los estados –paulatina, pero consistente y crecientemente– desde hace mucho tiempo, con la complaciente aquiescencia de los gobiernos estatales.

Si se pierde de vista que la razón de ser de toda unión federal trasciende, aunque no deja fuera, el factor económico, se perderá el horizonte capaz de conducir a una dinámica eficaz, de verdad constructiva y perdurable.

Aún si a eso se redujeran sus pretensiones, tendrían que considerar que la revisión misma del sistema de coordinación fiscal, un mecanismo que lleva alrededor de medio siglo de creación y evolución, es algo que requerirá algo más que un “secretariado técnico” colectivo, porque tendría que afectar la estructura misma del sistema impositivo y las fuentes principales de financiamiento fiscal, federal y locales.

Si la alianza recién formada solo se quedara en eso, de poco valdrían sus esfuerzos pues, aunque fuera exitosa en la intención de iniciar tal revisión, no sería asunto de fácil y pronta resolución.

En cambio, la insistencia en equilibrar las aportaciones regionales al PIB con las participaciones fiscales dejaría en el desamparo a muchos estados y comunidades del centro y sur del país, ahondando la brecha existente y agudizando la polarización en cuyo rizo creciente nos encontramos, con el consiguiente debilitamiento de todos.

Es bueno que se retome en esta hora de definiciones la defensa del sistema federal, una de nuestras fortalezas de origen, pero cualquier medida parcial e insuficiente será con seguridad contraproducente. Hacen falta, a juzgar por los planteamientos hechos públicos, una visión integral y la planeación adecuada, no nuevas burocracias.

De no darse así, este empeño, promisorio y llamado a ser noble, podría terminar compartiendo con la pretendida consulta la condición que lo haría cuestionable en sus perspectivas de eficacia y, todavía más, en sus aspiraciones de legitimidad.
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