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María del Carmen Maqueo Garza
María del Carmen Maqueo Garza
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Coahuilense, médico pediatra, apasionada de la palabra escrita. Desde 1975 ha sido columnista en diversos periódicos regionales. Bloguera a partir del 2010. Participa activamente en el Taller literario “Palabras al viento”. Tiene varios libros publicados. Inquieta por la problemática social, en particular la relativa a nuestros niños y jóvenes. Sus colaboraciones invitan a asumir que la resolución de esos problemas es tarea común para todos. Su blog: https://contraluzcoah.blogspot.com/

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11 Febrero 2018 04:00:00
Entretelones
En estas últimas semanas no he podido sustraerme del tema de la política. Trato de evitarlo porque no es lo mío, y porque corresponde a analistas profesionales abordar estos asuntos, sin embargo llega el tema, toca a la puerta y no puedo negarme. Va pues mi personal reflexión respecto a la aplicación de la ley en delitos de utilización de recursos de procedencia ilícita.

Lo habíamos mencionado a propósito del aniversario de nuestra Carta Magna, en México tenemos burocracia de más, para cada asunto, leyes y normas en exceso. En el caso de la tipificación de delitos, este exceso de legislaciones genera una especie de laberinto el cual condiciona vacíos legales, que permiten a un indiciado sustraerse de la acción de la justicia con la mano en la cintura. Tal parece ser el caso de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, que ahora ha sido exonerado por las imputaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, que supuestamente cometió en el 2015. La absolución la otorgó un juez federal, por supuestas irregularidades en el debido proceso.

Contrario a lo que sucede en otros países, para la mayoría de los delitos en México no existe una real extinción de dominio. Esto es, desde mi función pública yo me robo 500 millones, me acusan y mientras soy sujeta a proceso, sigo disponiendo de esos 500 millones para contratar abogados y hasta comprar conciencias, para finalmente lograr que la acusación se anule. Por otro lado, hemos visto que para la justicia mexicana muchos de estos delitos de enriquecimiento ilícito no se consideran graves. Este es el punto que quisiera revisar en la presente columna.

Sigamos con el caso de que me robé esos 500 millones, y que la suma estaba originalmente destinada a la compra de medicamentos contra el cáncer en niños. Ese dinero, en el peor de los casos podría desviarse a la compra de propiedades o caballos pura sangre –caso Javier Duarte--, y en el menos terrible de los casos para pago de nómina, lo que ya ha sucedido en otras entidades federativas. Si ese dinero estaba destinado a salvar vidas de niños enfermos de cáncer, y al no ejercerlo ellos se agravan o mueren… ¿Cómo es que el delito de peculado no se tipifica con agravantes? El daño hecho a esos niños atropellando su derecho a la vida y a la salud, ¿Acaso no es un delito grave? Vericuetos legales que no acabo de entender.

Otro caso parecido, en el sismo del pasado septiembre, los recursos que enviaron particulares y gobiernos, tanto nacionales como extranjeros, para la reconstrucción de casas-habitación, se hicieron polvo. Muchas familias damnificadas de la ciudad de México, y de los estados de Morelos, Oaxaca y Chiapas viven a la intemperie. ¿No es grave que el gobierno no asuma la responsabilidad de investigar dónde quedaron esos recursos, además de dar solución a la crisis de casas-habitación que padecen esas familias? Desde mi perspectiva particular, tan no se considera grave el caso, que ni siquiera se ha integrado una averiguación. Y si estoy en un error, por favor corríjanme quienes más saben del asunto. Estos damnificados parecen destinados a vivir una experiencia como algunos de la ciudad de México tras el sismo del ’85, que a más de treinta años de ocurrido, siguen viviendo en campamentos, pues nunca se les dotó de una vivienda digna.

Una grave falla de nuestros gobernantes es la falta de sensibilidad frente a los problemas del país. Hay una zanja que los separa, eso sí, cuando un problema afecta de manera directa a un funcionario o a sus allegados, todo el aparato gubernamental se vuelca a solucionarlo de inmediato. En cambio, cuando se trata de Juan Pueblo, son muchas las veces en que el problema se ignora, o peor aún, se busca sacar beneficio personal del mismo. La falta de sensibilidad social de nuestros políticos quedó perfectamente dibujada esta semana con lo ocurrido en Chihuahua. Los diputados invitan a un grupo de rarámuris a exponer un problema que les afecta, cuatro representantes de la etnia acuden y son colocados frente al grupo de legisladores en mesas distribuidas en forma de “C”. Los rarámuris hablan y los legisladores desayunan: Aparte de una elemental descortesía –diría mi mamá--, ¿no es acaso una falta absoluta de empatía entre representantes y representados?

En los entretelones de la corrupción se visualizan grandes cuadros de injusticia social. ¿Puede seguir tipificándose el desvío de recursos como un delito “no grave”, que dé pie a exoneraciones? ¿Puede aplicarse la justicia sin la figura de extinción de dominio? ¿Cómo tienen las manos quienes ejercen el poder?... Es insostenible un sistema de gobierno que maneja una justicia mediática, a medias o a modo. Más vale que lo entiendan quienes así deban entenderlo.

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