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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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05 Septiembre 2017 04:00:00
Escenario de crisis
La competencia por la Gubernatura fue siempre entre Miguel Riquelme y Guillermo Anaya, y así lo proyectaron las encuestas. La distancia entre los candidatos de las coaliciones Por un Coahuila Seguro y Alianza Ciudadana por Coahuila se acortó a dos o tres puntos al final de las campañas. El 11 de junio, sólo una semana después de la jornada, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) declaró a Riquelme ganador con 482 mil votos (38.1% del total).

Anaya captó 452 mil sufragios (35.7%), sólo 2.4 puntos porcentuales por debajo del priista; Armando Guadiana, de Morena, 151 mil (11.9%), y el candidato independiente Javier Guerrero, 105 mil (8.3%), a tono con las encuestas. Las oposiciones jamás habían superado al partido oficial en votos. De haberse unido antes de las elecciones, hoy el tema sería la alternancia y la formación del primer Gobierno de coalición, no la impugnación del triunfo de Riquelme, válido hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo confirme.

El objetivo del PRI era retener el poder a cualquier costo incluso con una ventaja marginal, pero ya con la constancia de mayoría en sus manos, optó por el encierro en vez de socializar y legitimar la victoria de su candidato, así fuera pírrica. Por esa razón, el conflicto poselectoral salió de control y escaló al plano nacional. Además de no consensuar una candidatura alterna por si Riquelme no prendía, el Gobierno y su partido tampoco se prepararon para un escenario de crisis como el de ahora, cuyo final podría ser la anulación de los comicios.

El PRI estuvo a punto de perder por sus propios errores, no tanto por los aciertos de sus rivales. Frente a la posibilidad de celebrar nuevas elecciones, el grupo dominante dejó correr las cosas en espera de que los coahuilenses se agotaran y terminaran por aceptar su permanencia en el poder otros 6 años. Sin embargo, esta vez no fue así. Los candidatos de oposición y la sociedad civil se rebelaron contra la impostura avalada por el IEC.

Anaya, Guadiana y Guerrero tomaron la iniciativa y marcaron la agenda poselectoral. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), al cual se unieron los excandidatos José Ángel Pérez (PT) y Luis Horacio Salinas (independiente), se convirtió en un movimiento ciudadano cuya demanda central consiste en anular la elección de gobernador. Con marchas multitudinarias en Saltillo Torreón y otras ciudades, entrevistas en la Ciudad de México y una “visita” al Palacio de Gobierno, el FDC ha catalizado el sentimiento de sectores indignados por lo sucio de las elecciones. Coahuila retrocedió medio o siglo o más. El robo de urnas, la manipulación de boletas y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la intromisión del estado y de la Policía, la complicidad del IEC y la negligencia del Instituto Nacional Electoral (INE) provocaron la peor crisis política de que se tenga memoria.

El cateo en tres casas de campaña de Guillermo Anaya, realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tuvo el efecto bumerán. La PGJE dijo haber localizado pruebas sobre una supuesta red para la compra “masiva de votos” en la cual se habrían lavado 70 millones de pesos, según el presidente de la Fundación Colosio, David Aguillón. El líder del PAN, Ricardo Anaya, acusa al Gobierno de “sembrar evidencias falsas”. El 15 de agosto, Guillermo Anaya presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja “por todos los actos autoritarios” de Rubén Moreira. La pugna por el poder no ha terminado.
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