×
Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
ver +

" Comentar Imprimir
12 Diciembre 2018 04:06:00
Espada de Damocles
El presidente López Obrador puede activar en el Congreso un mecanismo anulado por el sistema de complicidades imperante: el juicio político. El Artículo 110 de la Constitución general sujeta a ese proceso a diputados federales y senadores, ministros de la Corte, secretarios de despacho, consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral, entre otros. También a gobernadores, legisladores estatales, magistrados y a los consejos de la Judicatura “por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.

El texto advierte: “en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como correspondan”.

Si la Constitución se hubiera aplicado, decenas de mandatarios locales estarían hoy entre rejas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus equivalentes en los estados denuncian cada año el desvío de miles de millones de pesos.

Sin embargo, el PRI, el PAN y el PRD encubren a los suyos. Por graves que sean las irregularidades y sus riquezas obscenas, los jefes políticos son intocables. La protección del Congreso federal, hasta la anterior legislatura, tiene una explicación: los diputados y senadores fueron nombrados por los gobernadores; por tanto, respondían a sus consignas y no al interés ciudadano.

Los únicos exmandatarios en prisión son los priistas Mario Villanueva Madrid y Roberto Borge (Quintana Roo), Andrés Granier (Tabasco), Javier Duarte (Veracruz), Eugenio Hernández (Tamaulipas) y el panista Guillermo Padrés (Sonora); Hernández es reclamado por Estados Unidos. César Duarte (Chihuahua) continúa prófugo y Tomás Yarrington (PRI), de Tamaulipas, fue extraditado a Estados Unidos, en abril de este año, donde será juzgado por lavado de dinero.

Humberto Moreira podría correr la misma suerte que Hernández y Yarrington. Javier Villarreal Hernández, su exsecretario de Finanzas, lo acusó ante una Corte de Texas de apropiarse de 600 millones de pesos durante su ejercicio como gobernador. España reabrió la investigación contra el exlíder del PRI, quien fue detenido en enero de 2016 en el aeropuerto de Madrid a pedido de la Fiscalía Anticorrupción de España. La situación podría complicarse aún más, pues también se le vincula con Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, operador financiero de los Zetas.

Muñoz se halla internado en el penal de Soto Real (Madrid) por lavado de dinero y delincuencia organizada. El empresario, originario de Matamoros, Coahuila, podría haber financiado campañas de políticos coahuilenses.

El Consejo de Ministros español autorizó en enero de 2017 la extradición del “Mono” a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas, lavado de dinero y portación de armas.

En uno de sus giros copernicanos, López Obrador ha declarado que no encarcelará a ningún político corrupto. En campaña prometió erradicar el flagelo. Sin embargo, en el caso de Moreira, la presión de España y Estados Unidos podría conducir a la captura y extradición del
exgobernador.

La deuda pública por más de 36 mil millones de pesos es otro tema pendiente. Partidos de oposición y organismos civiles demandan investigar el destino de esos recursos y castigar con cárcel la contratación ilegal de créditos. Humberto Moreira se perfila para ser el primer gobernador en afrontar la justicia nacional y extranjera en el Gobierno de López Obrador.


Imprimir
COMENTARIOS



5 6 7 8 9 0 1 2