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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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05 Febrero 2016 05:05:06
Feminicidio
Como consecuencia del aumento en nuestro estado, en las últimas fechas, del número de asesinatos de mujeres por razón de género, odio o desprecio, aunado a los índices de impunidad y las demandas de diversas organizaciones de mujeres en todo el mundo, existe en toda América Latina una tendencia, que se ha reconocido en la 57 Comisión sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer (CSW), esta comisión es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Se trata de una comisión orgánica dependiente del Consejo Económico y Social, creada el 21 de junio de 1946, cuya función principal ha sido la de lograr tipificar en determinadas circunstancias el asesinato de mujeres como homicidio o como feminicidio, según el país.

En América Latina, hasta el año 2012, siete países aprobaron, leyes que tipificaban por primera vez este delito: Chile, Costa Rica, México, Perú, El Salvador y Nicaragua.

A pesar de lo anterior y de manera tardía, nuestro estado, hasta apenas hace algunos días, reconoció esta necesidad e inició con la tipificación de este delito, aceptando apenas su obligación de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales, pero sobre todo y desgraciadamente en respuesta al incremento del número de muertes de mujeres y a la crueldad con la que se han venido produciendo.

Sin embargo, el problema ahora radica en que la adecuación a la legislación local produce una distinción en el sujeto pasivo del delito, es decir la víctima, en franco agravio al principio de igualdad, es decir, en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres por medio de la adecuación de las legislaciones locales, nos encontraremos con que las mismas atentan contra el principio de no discriminación, puesto que de hacer mayormente punible el homicidio cometido contra una mujer, nos llevaría a concluir que el de un hombre es menos grave.

Es innegable que en nuestro estado es necesaria la aprobación de estas leyes, sin embargo, también lo es que las mismas no atenten contra el principio de igualdad al momento de la ministración de la justicia, lo que hasta el día de hoy no se ha logrado, si nos remitimos a las incluidas en últimas fechas al Código Penal local.

Ante esta visible imposibilidad, sólo nos queda apelar a la buena fe del Estado y proponer que: de ser genuina la intención del Estado para contrarrestar este tipo de delitos, deberá entonces de manera primordial intentar desarrollar una política criminal con perspectiva de género que fortalezca, por un lado, las estrategias de persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia contra las mujeres y hombres en igual grado, para sólo diferenciarlos en razones de odio, desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres o viceversa, buscando incesantemente en ambos casos la reparación y compensación de las víctimas, cualesquiera que sea su sexo.

Pero sobre todo, abatir los altos índices de impunidad e implementar un verdadero control sobre los operadores de justicia en la región, inculcándoles una cultura fundamentada en principios de igualdad real, no discriminación, probidad y transparencia en la función pública.
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