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Federico Muller
Federico Muller
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29 Mayo 2020 04:00:00
Fondo de estabilización de las entidades federativas
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Una añeja discusión que vuelve a salir al escenario político y empresarial a raíz de la pandemia del Covid-19 es aquella que cuestionaba la asignación de recursos públicos que recibían de la Secretaría de Hacienda las entidades federativas, la cual era muy asimétrica para varios estados de la República, en el sentido de que lo que les enviaba la Federación era muy inferior a lo que generaban vía impuestos en su territorio. Los casos más extremos han sido Colima y Nuevo León, que por cada peso que recogían, obtenían menos de 30 centavos; en cambio, otros salían favorecidos pues sus partidas presupuestales eran apoyadas por recursos federales, con montos superiores a sus ingresos tributarios. Lo anterior es un reflejo más del mosaico de desigualdades que prevalecen en este país.

Parece ser que la fórmula que utiliza la Federación para distribuir el presupuesto a los estados, que considera, entre otras variables, la población e indicadores socioeconómicos, está quedando obsoleta, pues la convergencia económica y social que se pretendía lograr entre las economías del Centro y Norte del territorio nacional con el Sureste, no ha resultado; al contrario, las brechas en índices de pobreza y marginación se han venido ampliando. Es una ecuación que ya tiene varios años operando y que es necesario que se revise, o al menos que se evalúe su desempeño.

Por otra parte, la situación financiera de las entidades federativas se debilita con la disminución de la partida del ramo 23 llevada a cabo por la presente Administración federal. Y para los estados del norte, la baja en la tasa impositiva en los municipios fronterizos representa otra caída en la recaudación fiscal.

Hasta antes de la pandemia sanitaria, el Congreso de la Unión no ha tenido el voto mayoritario exigido para convocar a un nuevo pacto federal, que vaya más allá de una reforma fiscal, y probablemente la situación cambie ante la debacle económica que se está viviendo en el país. Los primeros indicios los dio el Mandatario federal hace algunos días, al declarar públicamente que estaba de acuerdo con revisar el pacto de coordinación fiscal entre el centro (Federación) y los 32 estados de la república. La población informada y productiva de este país espera que no haya sido una frase con carácter político para salir del paso y que la intención se convierta en solo eso, intención.

Según la historia, las posiciones ideológicas de algunos políticos en el poder en el mundo se han reorientado ante el cambio precipitado de las condiciones sociales y económicas que no existían cuando llegaban al poder. Esperemos que este sea el caso del presidente López Obrador. Al menos en el sentido de aminorar la crisis de las finanzas estatales, ya existe una promesa de liberar el fondo de contingencia que se creó para apoyarlas. Según la SHCP, lo ahorrado asciende a 60 mil millones de pesos, que deben asignarse de manera racional, pues si prevalecen los criterios políticos sobre los económicos, la situación cambiaría poco.

No hay que perder de vista que de preferencia los recursos se dirijan a la inversión productiva (no al consumo); se enfatice la protección de las fuentes de empleo; que las pequeñas y medianas empresas sean consideradas unidades económicas prioritarias, incluyendo al sector de la construcción, por los efectos multiplicadores que tiene en el resto de las ramas económicas.                                
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