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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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10 Enero 2018 04:08:00
Fuente de escándalo
Quienquiera que gane la elección presidencial deberá combatir la corrupción y procesar a quienes hayan desviado recursos públicos en beneficio propio, de sus partidos o se hayan involucrado con la delincuencia organizada, no sólo para legitimarse después de un proceso que se anticipa altamente competido, sino para aplacar la indignación social. Además, el sucesor de Enrique Peña Nieto, en cuyo gobierno la corrupción llegó a los más altos niveles, enfrentará el dilema de qué hacer con los gobernadores, fuente de escándalo en el país y en el extranjero por sus desafueros.

Las deudas estatales se dispararon hacia finales del sexenio de Felipe Calderón, y en el caso de Coahuila aún hoy se ignora cuál fue el destino de más de 36 mil millones de pesos contratados en la administración de Humberto Moreira. El gobierno de Estados Unidos inició el 12 de diciembre las primeras diligencias para pedir a México la extradición de Jorge Torres López, quien cubrió los últimos diez meses de la gestión de Moreira (de enero a noviembre de 2011). El 8 de febrero de 2017, el Tribunal de Distrito del Sur de Texas ordenó el arresto del exgobernador interino por el delito de conspiración para el lavado de dinero en Estados Unidos.

En los estados siempre ha existido corrupción, pero con un presidente del PRI en Los Pinos los gobernadores se cuidaban de no exhibir su riqueza ni causar escándalos, pues, aunque raras veces eran enjuiciados, corrían el riesgo de ser defenestrados. Pero a partir de la llegada de Vicente Fox al poder, los mandatarios estatales se volvieron absolutos y –ya sin contenciones– el desorden se generalizó. Con Felipe Calderón la influencia de los gobernadores aumentó y se volvieron intocables.

Entre 2012 y 2017, al menos 20 exgobernadores del PRI, el PAN y el PRD fueron acusados de delitos de corrupción (enriquecimiento ilícito, peculado, delincuencia organizada, abuso de autoridad, fraude fiscal y tráfico de influencias, entre otros) y crímenes de lesa humanidad ante tribunales internacionales. La mayoría se encuentra en libertad, tres permanecen en prisión, tres más se hallan en proceso de extradición –uno a México y dos a Estados Unidos–, uno está prófugo y otros fueron absueltos.

México terminó el año pasado en la posición 123 (de 176 países) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que representa un descenso de 28 sitios con respecto a 2015 cuando ocupó el lugar 95. Con una calificación de 30 puntos en una escala donde 100 representa los más bajos niveles de corrupción y 0 los mayores grados, México figura entre los más corruptos. Los 10 países mejor calificados obtuvieron entre 90 y 81 puntos, entre ellos Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Países Bajos, Canadá y Alemania.

El aspirante presidencial más crítico de la corrupción ha sido Andrés Manuel López Obrador (Morena). Sin embargo, en el ciclo de conferencias “Era Familiar 2016”, celebrada el 11 de agosto en Acapulco, Guerrero, dio un giro copernicano: “Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018 no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada porque lo que se necesita es justicia, no venganza”. La amnistía podría extenderse incluso a los narcotraficantes. “Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”, dijo a principios de diciembre.
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