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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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14 Marzo 2018 04:00:00
Gafi: blanqueo de activos
El blanqueo de activos es un tema preocupante no únicamente en la esfera nacional, ya que también es un asunto que involucra a los gobiernos locales, y Coahuila no es la excepción.

De acuerdo con el último informe del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (Gafi) y con una medición internacional, en la que está incluido México, han sido pocos los resultados de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la llamada ley “antilavado”, que fue publicada en octubre de 2012 y que tiene alcances en inversiones de particulares, evasión de impuestos, transferencias sin regulación y la creación de empresas “fachada”, pero que, en teoría, debería detectar la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT o de la PGR.

En 228 páginas y en un reporte conjunto, el Gafi y el Gobierno mexicano presentaron hace unos días los detalles de lo que este grupo intergubernamental encontró a partir de recomendaciones hechas a las autoridades federales y, claro está, a las entidades en este país. Incluso, el diputado federal Juan Romero Tenorio, la semana pasada retomó dicha incidencia durante una intervención desde la tribuna en San Lázaro.

Pero aquí es trascendente lo que dice el Gafi, que señala que con base en la cantidad de reportes de operaciones “inusuales” relacionados con el uso indebido de personas jurídicas, en 2013 el SAT detectó en el país a poco más de mil empresas “pantalla” o personas jurídicas que presentaron documentos falsos o inconsistentes, pero en el año 2016 los registros aumentaron a 12 mil 470 reportes de acciones aparentemente ilegales.

Esta cifra no aparece desglosada por estados, por eso sería difícil saber cuántos de estos reportes de actividades “inusuales” detectados por el SAT fueron ubicados en Coahuila. Lo que está a la vista de todos, y espero que no se vuelva un tema electoral o meramente político para acaparar reflectores, son las empresas fantasma, un asunto que está en la agenda de partidos de oposición y del propio partido en el poder, pero en donde lo importante será generar políticas de prevención, detección y sanción, como parte de los mecanismos de fondo que conduzcan a la erradicación de estas prácticas que propiciaron reportes extraordinarios del órgano de fiscalización del Legislativo, a finales del año pasado.

El sitio http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/comparecencia102016.pdf permite conocer las acciones iniciadas por la autoridad estatal para inhibir prácticas ilegales, como las reformas a la Ley de Adquisiciones en Coahuila, que endurecieron los requisitos para las compañías que aspiran a ser parte del padrón de proveedores. Creo que es un buen comienzo. Falta por hacer y es precisamente una parte que involucra directamente la participación y el activismo ciudadano.
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