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Gerardo Hernández
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25 Febrero 2017 04:00:00
Gobierno empantanado
El Gobierno de Enrique Peña se empantanó. El Gabinete no funciona y los problemas del país se multiplican. La inseguridad y la violencia vuelven a escalar y el escepticismo domina al país. Por otro lado, las Fuerzas Armadas presionan para que los gobiernos locales cumplan su tarea y el Congreso la suya. Así lo plantea en el bisemanario Espacio 4 el periodista Gerardo Moyano:

“El pasado 19 de febrero, el general Salvador Cienfuegos no recibió el regalo que esperaba para festejar el Día del Ejército: una Ley de Seguridad Interior que regule las funciones de los militares en tareas policiacas. Mucho menos, una que establezca el regreso a los cuarteles.

“Al contrario, las iniciativas del PRI, PAN y PRD que se discuten en la Cámara de Diputados, abren la puerta a una presencia ilimitada de las Fuerzas Armadas en la vía pública. La de los diputados priistas César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales permite incluso una estancia ‘permanente’, sin necesidad de declaratoria o decreto alguno, bajo un esquema de ‘acciones de orden interno’. Las otras dos, de los senadores Roberto Gil Zuarth (PAN) y Miguel Barbosa Huerta (PRD), fijan plazos semestrales o anuales –previa declaratoria de excepción–, pero con la posibilidad de prorrogarlos por tiempo indefinido.

“Además, a juicio del Instituto Belisario Domínguez, que elaboró el estudio ‘Seguridad Interior: elementos para el debate’, las tres iniciativas fallan en establecer desde lo más básico (definiciones de seguridad interior, nacional y pública, implicaciones constitucionales, orden ejecutiva, uso de la fuerza) hasta lo más crítico (mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas).

“‘Las iniciativas de Ley de Seguridad Interior no necesariamente resuelven la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las fuerzas armadas, sino que parecen expandir sus facultades en temas de seguridad pública, estado de excepción, protección civil y salubridad general. (…) Los conceptos para describir afectaciones y amenazas a la seguridad interior son ambiguos, lo que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad. Finalmente, aunque las iniciativas sí incluyen algunos mecanismos de control y supervisión, no siempre apuntalan la cultura de rendición de cuentas propia de un orden democrático constitucional’”, señala el estudio.

“En este sentido, concluye: ‘Al igual que en 2006, México vuelve a atravesar por la disyuntiva de mejorar su sistema de justicia o incrementar las facultades de las autoridades militares en el país. (…) La segunda opción (...) significa dar sustento legal a acciones que, de facto, ya suceden todos los días (...). Esta es una medida considerablemente más sencilla de implementar, dado que (...) sólo requiere de la aprobación de una nueva ley (...). Pero esta opción mantendría los problemas que ahora nos aquejan: elevados niveles de violencia e impunidad; falta de capacidades por parte de policías y autoridades civiles; poca o nula información para la toma de decisiones; ocurrencia de violaciones graves a derechos humanos, etcétera.

“‘Mejorar el sistema de justicia de forma integral llevará tiempo, pero es la opción con el mayor potencial para aminorar la impunidad, disminuir los delitos más violentos, reducir la frecuencia y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, e incluso ayudar a resolver conflictos sociales agudos’”, indica. Mientras PAN y PRD denuncian debates ‘a modo’ para favorecer la iniciativa priista, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara baja promete aprobar la ley antes del 30 de abril”.
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