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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación. Actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Conductor del Espiral, programa de análisis político dominical del Canal 11. Analista Político cotidiano del Noticiero Enfoque de Núcleo Radio Mil. Analista semanal del noticiero nocturno de Proyecto 40. Co-conductor del programa Claves, también de Proyecto 40. Integrante de la mesa editorial de la Revista Nexos. Miembro del Consejo Consultivo de Conapo. Cuenta con diversas publicaciones en temas relativos a: La transición democrática. La función pública. El sistema de partidos. Los derechos. La ciudadanía.

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24 Agosto 2017 04:00:00
Grupo Iusa detrás de Pegasus
Sigue dando de qué hablar el programa Pegasus que adquirió la Procuraduría General de la República (PGR) por 544 millones de pesos a una compañía fantasma de nombre Grupo Tech Bull S.A. de C.V.

Tiene ya más de un mes que se dio a conocer el escándalo y sin embargo, esa dependencia no ha dado explicaciones creíbles sobre el asunto. ¿Por qué Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), firmó un contrato por un monto así de importante con un proveedor de dudosa existencia?

Dobla el interés por el asunto que el malware adquirido por la PGR sea utilizado para espiar ciudadanos. Desde luego que genera angustia suponer que el Estado mexicano compra insumos para actuar con inteligencia en la lucha contra el crimen, a empresas que violan la ley y recurren a prácticas criminales como defraudar al Estado proporcionando información falsa sobre su personalidad legal.

Desde que estalló este escándalo una pregunta principal ha permanecido sin respuesta: ¿qué empresario tiene la influencia política suficiente como para forzar a la PGR a realizar una compra así de irregular?

Pues de las catacumbas de la misma PGR comienza a surgir la respuesta. Una fuente confiable me informa que –en la época de la adquisición del malware– dentro de esa dependencia se señaló al empresario Carlos Peralta del Grupo Iusa como quien estaba detrás de la extraña operación.

Es decir, que Grupo Tech Bull sería en realidad una pantalla confeccionada por esa otra empresa para venderle al Gobierno mexicano dicho producto, harto controversial.

Fortalece la especie el hecho de que, en efecto, Grupo Iusa haya sido uno de los conglomerados empresariales más beneficiados por la administración de Enrique Peña Nieto.

Entre los contratos jugosos obtenidos por esa firma están las tabletas electrónicas que la Secretaría de Educación Pública entregó por miles a los estudiantes de educación básica en nuestro país.

Un expediente más reciente lo dio a conocer la periodista Thelma Gómez, cuando denunció el procedimiento de una licitación escandalosa dentro de la Comisión Federal de Electricidad, donde Grupo Iusa habría torcido todo para convertirse en la principal proveedora de medidores de luz del país. (Animal Político-Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 17/06/17).

Llama la atención que ese grupo empresarial tenga misiones tan variadas, como la venta de programas para espiar, pasando por las tabletas educativas, hasta llegar a los medidores de luz. Gracias a ello, junto con otros personajes muy destacados del empresariado mexicano, Carlos Peralta ha sido uno de los hombres ricos de México que en este sexenio se volvieron aún más ricos.

ZOOM: Es difícil suponer que tal cosa ocurrió sin que dentro del Gobierno haya habido favorecidos ilegítimos de esos negocios. Si lo que en la PGR se está diciendo es cierto, y Tomás Zerón recibió la instrucción de firmar un contrato millonario con una empresa fantasma para beneficiar al señor Peralta, la siguiente interrogante es: ¿quién desde el penthouse gubernamental dio la orden para burlar la norma, torcer el proceso de licitación y pagar 544 millones de pesos? O, en otras palabras: ¿quién es el beneficiario último de este reprobable acto de corrupción?
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