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Leopoldo Ramos
Leopoldo Ramos
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01 Marzo 2015 05:00:11
Grupo México (II)
Islay es una provincia de Perú que se encuentra a 126 kilómetros de Arequipa. Sus 52 mil 264 pobladores (Censos Nacionales 2007) se dedican al cultivo de arroz, papa, ajo, cebolla, olivo y caña de azúcar; la producción de aves cobra importancia y su límite con el Pacífico y con el río Tambo le permite desarrollar un sistema de pesca artesanal de liza, bonito, dorado, sardina y variedad de mariscos.

La naturaleza es generosa con Islay, pues su clima es templado y además tiene uno de los principales yacimientos continentales de cobre que, paradójicamente, en los últimos cuatro años tuvo de cabeza a la población. En 2011, cinco años después de la tragedia en la carbonera Pasta de Conchos, Grupo Mexico llegó a Perú con el interés de extraer y procesar el metal. El Gobierno de la República pasó por alto la advertencia de comuneros y especialistas sobre
importantes afectaciones ambientales y dio la autorización correspondiente.

La mayor parte de los pobladores se alzaron en contra del proyecto minero y un grupo financiado desde Southern Copper Corporation, empresa propiedad de los capitalistas mexicanos, salió a las calles para pronunciarse a favor de la inversión, que se calcula en mil 200 millones de dólares. Durante varios días la comunidad se enfrentó a golpes, hubo viviendas, vehículos y edificios incendiados y la Policía de la provincia hubo de intervenir. La revuelta dejó al menos tres
civiles muertos y el Gobierno federal se vio obligado a cancelar la habilitación de la mina Tía María hasta que la estrategia de impacto ambiental contara con el aval de la comunidad.

La empresa mexicana socializó el conflicto, prometió empleos bien remunerados, inversión permanente para reducir al mínimo los daños ambientales y obras de infraestructura que beneficiarían a la comunidad. El 15 de enero pasado Grupo México se salió con la suya, pues el proyecto minero revivió y la empresa está por iniciar la construcción de la mina que dentro de dos años estará lista para producir 120 mil cátodos de cobre al año.

Pero la decisión del Gobierno de permitir el ingreso de Grupo México a través de Southern Copper Corporation revivió las diferencias entre los habitantes de Islay; las manifestaciones violentas regresaron a las calles y entre el 30 y 31 de enero las autoridades reportaron nuevos incendios y al menos cinco civiles y un policía heridos de gravedad.

La voracidad industrial y económica de Grupo México no se limita a Coahuila, donde ha hecho de todo para impedir el rescate de 63 de las 65 víctimas mortales que dejó la explosión en Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.

Si el corporativo fue incapaz de evitar la tragedia en México con inversiones elementales de seguridad, como la instalación de metanómetros, ventiladores para dispersar el gas, una cuerda de vida que ayudara a los trabajadores a encontrar la salida en caso de derrumbes, vigas y mallas de acero para cubrir paredes y techo de los túneles, y habilitar refugios subterráneos equipados con medicinas, agua y alimentos, sobresale la duda de si en Perú sacrificará ganancias
simplemente para extraer y desalinizar agua de mar, en lugar de utilizar los acuíferos que alimentan el río Tambo para procesar el mineral, tal como lo anunció en un intento de revivir el proyecto.
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