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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Diputada Federal, Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro honorario del Colegio de Biólogos de México. A nivel local ha ejercido diversos cargos, entre ellos el de Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario del Municipio de Monclova, Coahuila (1997-1999), su ciudad natal. Asimismo, fue Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2008-2011) en Coahuila, en donde sus principales acciones se concentraron en controlar la tala forestal clandestina en las sierras de Coahuila; conservar las Áreas Naturales Protegidas así como la fauna endémica y exótica; inspeccionar y sancionar a las industrias; verificar los residuos peligrosos y especiales y hacer un inventario de los pasivos ambientales del Estado. Inició su trayectoria legislativa en el H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, fungiendo como Diputada en la LVII Legislatura (2006–2009), en cuya oportunidad participó en las Comisiones de Medio Ambiente, Equidad de Género, Energía y Minas y presidió la Comisión del Agua. Como resultado de su actividad legislativa se impulsó una nueva Ley del Agua, la Ley de Protección a la Maternidad, así como reformas a diversos artículos del Código Penal. A nivel federal se desempeñó como Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste y Región Centro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003-2004), y ocupó el cargo de Senadora de la República en las LXII y LXIII Legislaturas (2012-2018), siendo la primera Senadora en la historia de Coahuila en haber sido electa por el principio de mayoría. En tal carácter se desempeñó como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, así como de Derechos Humanos, colaborando como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y del Parlamento Latinoamericano en las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo. Asimismo, ha sido Consejera Nacional del Partido Acción Nacional, Miembro de la Comisión Permanente de su Comité Ejecutivo Nacional, así como Coordinadora Nacional de Desarrollo Sustentable, y Coordinadora de Medio Ambiente de la Coalición Por México al Frente. Actualmente es Diputada Federal en la LXIV Legislatura, responsabilidad desde la que continúa trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Dirección: Cámara de Diputados, Oficina 64, Edificio H, Piso 2, Avenida Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, 50-36-00-00, ext. 59866. Página web: https://silviagarza.com.mx/ Correo: [email protected] Facebook: Silvia Garza Diputada, Twitter: @Silvia_Diputada, Instagram: @Silvia_Diputada

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13 Enero 2019 03:30:00
Guardia Nacional y Derechos Humanos
La semana pasada tocamos en esta columna el tema de la Guardia Nacional, la cual fue objeto de análisis durante las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados del 8 al 12 de enero pasados.

Es evidente que la discusión de la Guardia Nacional requiere de tantos insumos como sea posible de todos los sectores. Por ello, como parte del debate se escucharon numerosas opiniones provenientes de gobernadores, alcaldes, organismos de derechos humanos, así como miembros de la academia y la sociedad civil.

Una buena parte de las opiniones mostraron su preocupación por una propuesta que, a pesar de lo que diga el Presidente y el partido mayoritario en el Congreso de la Unión, no representa una solución real a la crisis de violencia e inseguridad que vivimos en el país.

De esta manera, durante las audiencias públicas el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la propuesta de crear una Guardia Nacional tiene una visión coyuntural y de corto plazo, genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos y no garantiza en modo alguno terminar con la impunidad. Asimismo, la propuesta contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios internacionales de derechos humanos. En consecuencia, de aprobarse, se incumplirían diversas obligaciones internacionales, iniciándose con ello un proceso de alejamiento o ruptura de México con los sistemas de protección y defensa de los derechos humanos.

En esta línea, concluyó que: “la Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles, ni puede ser el eje en torno al cual se desarrolle la convivencia social en nuestro país”.

A ello se suma la opinión de José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien si bien no participó directamente en las audiencias, expresó en redes sociales lo siguiente, “aportando al debate sobre la llamada Guardia Nacional, recuerdo lo que dispone la Constitución: ‘En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar’ (Artículo 129). Ahí radica la cuestión esencial”.

Asimismo, durante las audiencias públicas, Jan Jarab, representante la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo referencia a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Alvarado Espinoza y otros contra México”, relativo a la desaparición forzada y ejecución extrajudicial perpetrados por militares en tareas de seguridad.

En razón de su carácter obligatorio para el Estado mexicano, Jarab citó uno de los párrafos más relevantes de la sentencia: “[…] 182. La Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”.

En este contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su preocupación basada en cuatro elementos centrales de la propuesta: “Primero, que el dictamen no permite inferir que no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el pasado. Segundo, que la fusión de la Policía Federal con las policías militares debilite los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles. De hecho, de una lectura del dictamen aún no queda claro cuál sería el futuro de la actual Policía Federal, si se integraría en su conjunto a la Guardia Nacional, si subsistiría así sea de forma reducida, y de ser así, con qué funciones. Tercero, la preocupación por el impacto que en la investigación del delito y el sistema de justicia penal llegaría a tener la reforma. Y cuarto, la preocupación por la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad”.

Como puede observarse, la propuesta de crear la Guardia Nacional presenta serios errores e incongruencias que han sido señalados por diversos actores. Corresponde ahora a los legisladores revisar con detalle las modificaciones que se hagan al dictamen, ya que el Gobierno federal recientemente ha anunciado, gracias a la presión de dichos actores, que el mando de la Guardia Civil será civil y no militar.


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