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Gerardo Hernández
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16 Agosto 2017 04:07:00
Guerra de nervios
El proceso poselectoral de Coahuila ha devenido en guerra de nervios, en un contexto político nacional igualmente espinoso por la escalada del caso Odebrecht, el cual amenaza con poner contra la pared al presidente Peña Nieto y al PRI. Para Verónica Martínez, dirigente estatal de ese partido, la acusación del líder del PAN, Ricardo Anaya, en el sentido de que el allanamiento en las casas de campaña de Guillermo Anaya fue para “sembrar evidencias falsas”, lo que busca es impunidad para el excandidato al Gobierno del Estado.

Martínez, una de las diputadas que legalizaron la deuda por más de 36 mil millones de pesos contratada por el Gobierno de Humberto Moreira a espaldas del Congreso e integrante de la actual Legislatura, está realmente ofendida y desconcertada por la actitud de Anaya: “Es increíble cómo se trata de desviar la atención hacia temas políticos por parte del CEN panista. Los azules tienen militantes ligados al narcotráfico”. Según la líder tricolor, “hay una estrategia desesperada para frenar las indagatorias por lavado de dinero que se hacen en contra de Guillermo Anaya” (Zócalo, 15.08.17).

El mentís de la PGJE a “quien se ostenta como presidente del instituto político denominado Partido Acción Nacional” es el mismo tono. La dependencia a cargo de Homero Ramos “rechaza las temerarias declaraciones del señor Ricardo Anaya, en relación a las actuaciones que se han realizado en el caso que parece ser de su interés. La PGJE trabaja en la investigación y persecución de los delitos en estricto apego a la ley”.

Ramos fue el presidente del IEPC que organizó los comicios de 2005 en los cuales resultó electo Humberto Moreira. Dos años después, renunció para asumir la Secretaría de Gobierno, invitado por Moreira. Su primer cargo en el actual sexenio fue el de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahora, como procurador, pero con igual decoro, le advierte a Anaya que si de las indagatorias se desprendiera “alguna responsabilidad (…) se fundaría en información recabada en diversas fuentes, entre ellas las encargadas de seguir la ruta del dinero”.

El PAN presentó ante la CNDH una queja contra el gobernador Rubén Moreira, el procurador y el Ministerio Público por actuar “de manera ilegal en las indagatorias”. Eduardo Aguilar, representante de Acción Nacional ante el INE, denunció “cateos (…) persecución política (y) citatorios muy graves. (…) A militantes del PAN les están pidiendo que acudan a declarar a la Procuraduría cuando además este expediente ya lo tiene un juez y la Procuraduría no tendría por qué conocerlo”.

La queja, explicó Guillermo Anaya, “(es) por todos los actos autoritarios que ha venido realizando el gobierno de Rubén Moreira (…). Han sido atropellados nuestros derechos con cateos, con intimidaciones”. El caso se presentará también ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otros organismos.

Para aumentar la tensión en esta guerra de nervios, el vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, publicó en su cuenta de Twitter fotografías del presidente Peña con Alfredo del Mazo (PRI) y Antonio Chavarría (PAN), gobernadores electos de Estado de México y Nayarit, respectivamente. El mensaje (la forma es fondo) puso los pelos de punta al priismo de Coahuila y dio pábulo a mil interpretaciones. En realidad, sólo a una. ¿Cuándo será la foto con Miguel Riquelme? También él es gobernador electo, ¿o no? La estampa de Peña y Riquelme en el Palacio de los Deportes, en la asamblea del PRI, no vale lo mismo que una en la residencia oficial.
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