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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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11 Septiembre 2017 04:00:00
Ignorar la realidad
El tema de las campañas presidenciales de 2018 será la corrupción como lo fue en 1982. En esos años, el fenómeno era juego de niños comparado con los circuitos de interés, complicidad e impunidad de ahora. La de entonces era una corrupción “nacionalista”, se robaba al país desde dentro; hoy se ha globalizado y se hurta desde fuera según lo demuestran los enjuagues con Odebrecht y OHL. Miguel de la Madrid, en busca del voto, apelaba a la “renovación moral de la sociedad” cuando la principal fuente de venalidad eran los poderes públicos.

En el sexenio de López Portillo (1976-1982), uno de los casos de enriquecimiento más escandalosos fue el de Arturo Durazo, jefe de la Policía capitalina, acusado de vender protección al crimen organizado y experto en desaparecer personas. El propio Presidente, quien terminó en bancarrota, como dejó al país por su populismo exacerbado y la estatización de la banca, fue estigmatizado debido a sus mansiones en “la colina del perro”, bautizada así por su promesa de defender al peso cual mastín. La moneda terminó devaluada, la riqueza petrolera dilapidada y las reservas internacionales casi en cero.

La corrupción está por encima de problemas lacerantes como la pobreza, la inseguridad y la violencia, pues sus efectos sociales, económicos y políticos son perversos y expansivos. En ese contexto se debate la designación del primer fiscal general de la República. Partidos de oposición y organizaciones cívicas rechazan para una responsabilidad de tal calibre al procurador Raúl Cervantes. Sus conexiones con el PRI, su amistad con el presidente Peña Nieto y el Ferrari de 3.8 millones de pesos, registrado en un domicilio fantasma de Morelos, lo descalifican. El propósito de la administración es obvio: inmunizarse durante los próximos nueve años.

Imponer un fiscal a la medida del Gobierno ahondaría el enojo ciudadano y el descrédito de México en el exterior, lastimado como nunca en el actual sexenio. Nuestro país retrocede año tras año en la calificación de Transparencia Internacional y es el socio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con las prácticas más corruptas. Sin embargo, en vez de rectificar y construir instituciones sólidas e independientes, capaces de recuperar la confianza ciudadana, se dan pasos en sentido opuesto mientras Guatemala, Brasil y Perú procesan, defenestran y encarcelan a jefes de Estado.

El Gobierno trató de ignorar la realidad, pero la corrupción terminó por sepultarlo. Pocas veces se habían denunciado y documentado casos relacionados con el Presidente como ahora sucede. Los costos de la negación han resultado enormes para México, pero la preocupación del Gobierno no es esa, sino su potencial efecto en las urnas el año próximo. Es decir, la pérdida del poder y el riesgo implícito, máxime si López Obrador es quien lo asume. Si en el pasado robar al país se veía como cosa “cultural” o lubricante del sistema, la voracidad y la falta de castigo colmaron el hartazgo ciudadano. Si antes la actitud era de indiferencia, ahora la sensación es de náusea.

Lo anterior explica por qué al Gobierno le disgusta que la sociedad “hable tanto tiempo de corrupción”. El reclamo del presidente Peña Nieto al empresario Claudio X. González el 11 de mayo, en una reunión privada en Los Pinos, habría sido justamente por el activismo de su hijo –del mismo nombre– a través de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, de acuerdo con la nota publicada por The New York Times el 30 de agosto. La consigna ciudadana es irrefutable: castigo a los corruptos en las elecciones de 2018.
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