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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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24 Abril 2017 03:00:00
Impunidad por silencio
Gobierno que siembra impunidad no puede cosechar sino escepticismo e ira social. La captura de Javier Duarte (PRI), exgobernador de Veracruz, en Guatemala, se interpretó como una acción desesperada de la administración federal para frenar su caída y la de su partido en las elecciones del 4 de junio, las cuales presagian tormenta. Bajo el mismo cálculo, la reaprehensión de Joaquín “El Chapo” Guzmán se hubiera reflejado en los comicios del año pasado, pero, en lugar de carro completo, el PRI perdió 7 de 12 gubernaturas en juego. Los ciudadanos han dejado de comulgar con ruedas de molino. El instrumento de cambio es el voto libre.

Por “razón de Estado”, Duarte es más seguro en la madriguera. Suelto y en otro país representaba un riesgo. El mayor, que Estados Unidos también lo reclamara por lavado de dinero y nexos con los Zetas, como lo hizo con Tomás Yarrington, uno de los presidenciables del Tucom (Todos Unidos Contra Madrazo) hace 12 años. Y todavía así escandaliza a las autoridades y a los partidos que a México se le equipare a un narcoestado o a un Estado fallido. Si aún no lo es, en este sexenio dio pasos agigantados en esa dirección.

El Gobierno actúa como bando en temas electorales (la maquinaria está ahora volcada en el Estado de México) y en asuntos de justicia. Con un exfuncionario del PRI (Raúl Cervantes) en la PGR, ésta se convirtió en su brazo político. La corrupción debe perseguirse y castigarse con el mismo rasero e igual rigor. Acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, se entregó en noviembre pasado para ser enjuiciado. La PGR agregó otros dos cargos: delincuencia organizada y lavado de dinero. También detuvo a uno de los hijos del político.

Duarte, en cambio, escapó en helicóptero oficial, con protección y todas las ventajas. Como parte de un acuerdo de impunidad por silencio, su detención ocurrió en el momento más conveniente para el Gobierno: una semana después de la captura de Yarrington en Italia, con quien la PGR hizo la vista gorda. La recompensa de 15 millones de pesos por su localización sirvió sólo para cubrir las apariencias. Duarte fue detenido junto con su esposa Karime Macías Tubilla, la “Dama de la abundancia”, contra la cual también existen investigaciones federales y del Gobierno panista de Veracruz. Sin embargo, inmediatamente fue puesta en libertad. Quizá para no sentar un precedente. No sea que en el futuro también las primeras damas vayan a prisión.

Para la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, el exgobernador de Veracruz es una pieza menor, aunque no por ello menos voraz, digamos una barracuda. Pez gordo, el expresidente Otto Pérez, a quien la PNC encarceló el 3 de septiembre de 2015 –horas después de su renuncia al cargo– por el caso de “La Línea”. El proceso por corrupción (cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera) lo iniciaron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público. Una fiscalía autónoma, el apoyo de Naciones Unidas a través del CICIG y una sociedad indignada que denunció en las calles la venalidad de sus autoridades, propiciaron primero la renuncia y custodia de la vicepresidenta Roxana Baldetti en un hospital privado, antes de su traslado a prisión, donde aún continúa, por el mismo escándalo. La expresión no es nueva, pero el presidente Peña sigue sin entender que el problema de México es la corrupción. Guatemala ejemplifica lo que se puede lograr contra el flagelo cuando existe ciudadanía y voluntad política.
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