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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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24 Noviembre 2017 04:00:00
Inimaginables consecuencias
Seis días restan a la actual Administración estatal y la incertidumbre y zozobra arrecian. Hasta hoy nadie sabe lo que pasará el próximo 1 de diciembre, momento en que debe tomar posesión el nuevo Gobernador de Coahuila. Y es que, virtualmente existe un ganador según el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, sin embargo, la validez de la elección se encuentra en suspenso, dada la impugnación presentada por diversos actores políticos, que intentan repetir dicho proceso eleccionario.

Sin duda la elección de Coahuila es ahora la más amplia muestra de la falta de criterio y compromiso por parte de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales, de manera deliberada, han decidido tomarse el tiempo más extenso posible, antes de sentarse a decidir sobre la procedencia de las impugnaciones vertidas sobre la citada elección. Esta situación ha sido aprovechada al máximo por los mismos, para coquetear y alentar a cuanto actor político llega a sus elegantes oficinas y ha dado pie a la invención de todo tipo de rumores, hipótesis, chismes y leyendas, por parte de quienes dicen saber del tema.

La única verdad es que hasta hoy nada hay en concreto respecto a si se anula o no la elección de gobernador en nuestro estado, y menos si consideramos que las últimas resoluciones del máximo tribunal electoral en el país han sido bastante confusas y carentes de toda lógica y sentido democrático.

No existe, en las recientes actuaciones del citado tribunal, un criterio definido por parte de los ciudadanos magistrados integrantes de la sala superior de dicho órgano electoral, ya que las últimas sentencias emitidas y consensadas por ellos parecen provenir más de un desajuste hormonal de los mismos, que de una decidida intención de ministrar justicia electoral.

Las últimas ejecutorias dictadas por la autoridad han llegado al absurdo de permitir que alcaldes en funciones puedan aleatoriamente participar en campañas electorales, buscando su reelección; otras, han invalidado lineamientos reguladores de propaganda oficial y hasta se ha decretado como lícito el reparto de programas sociales con fines electorales.

En un desplante de arrogancia, esta Sala Superior echó abajo lineamientos de fiscalización aprobados por el INE, tendientes a garantizar la equidad de la contienda; en otra ocasión decretó como válida la promoción personalizada de los funcionarios, así como la contratación de propaganda con dinero público.

Incluso, en últimos días, la misma autoridad ha invalidado criterios que el INE ya había aplicado en elecciones pasadas, con el consentimiento expreso del propio tribunal, como lo son los lineamientos para el uso imparcial de recursos públicos y la contabilización de propaganda en internet como gasto de campaña.

Sin duda, todas estas resoluciones se traducen en un mal presagio, y que lo es, que estamos ante la inminente llegada de una elección federal (de 2018) que se desarrollará en un ambiente de absoluta impunidad, por consecuencia de la absurda interpretación que el tribunal federal electoral da a la Ley de manera deliberada. Es decir, desde hoy tenemos identificado al culpable de una desgracia futura, conocida en el derecho como: una mente criminal dispuesta para causar daños de inimaginables consecuencias.
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