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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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24 Agosto 2018 04:00:00
Justicia elemental
Como todos sabemos, el pasado 7 de agosto, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, obtuvo su libertad. Lo anterior, a consecuencia de que las pruebas ofrecidas por la Procuraduría General de la República (PGR) para inculpar a la maestra fueran consideradas como insuficientes, según lo dijo el mismo titular del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, al cual no le quedó otra que declarar procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso a favor de Gordillo Morales.

Ya en libertad, la presidenta vitalicia del SNTE, además de sentenciar de muerte a la reforma educativa, declaró en conferencia de prensa que su arresto fue parte de una persecución política. “Aquí tienen la imagen que ha predominado durante 5 años respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente”, aseguró.

Es necesario recordar que Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca acusada de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Elba Esther estuvo al frente del SNTE durante 24 años y formó parte del grupo más importante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando fue elegida secretaria general en 2002, cargo que ostentó hasta 2005.

Por virtud o consecuencia, según se quiera ver, de estos acontecimientos han corrido ríos de tinta y saliva en los principales medios de comunicación, en los cuales se han vertido las consideraciones de quienes piensan tener el mejor punto de vista sobre el caso, pero basando su dicho en la mayoría de los casos, en consideraciones políticas más que legales.

Sin embargo, poco se ha dicho de la única realidad histórica y legal comprobable, la cual nos debe lleva a pensar ineludiblemente, que el proceso judicial en contra de Elba Esther Gordillo, efectivamente, no fue otra cosa más que una persecución política, sin mayor motivación más que el apetito de venganza del Gobierno federal, el cual, en franca represalia por oponerse a la privatización de la enseñanza, tuvo cautiva injustamente a una ciudadana.

El asunto no es para menos, y va más allá de la reforma educativa, ya que es alarmantemente vergonzoso que ante nuestros ojos se haya descubierto que el Gobierno de Peña Nieto, sin un sólo argumento de investigación se permitiera intentar someter la conciencia de la líder sindical a través de la tortura, al privarla de su libertad por largos 5 años. Todo esto en una franca violación a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro estado mexicano.

Y es que la libertad de la maestra pone contra la pared a sus acusadores y evidencia la violación de casi todas las garantías constitucionales, como la de presunción de inocencia, la de igualdad, de legalidad, y del debido proceso e injusta reclusión, amén de los rasgos de violencia de género.

Por lo que no debemos quedarnos satisfechos con lo ocurrido y por salud social, y antes de olvidar el asunto, debemos exigir que los inculpadores (cuatro procuradores generales y un presidente, por lo menos) comparezcan ante tribunales internacionales de derechos humanos para responder por sus indignidades. O lo que es lo mismo, justicia elemental.
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