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Alma Carolina Viggiano
Alma Carolina Viggiano
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La legisladora es originaria de Tepehuacan de Guerrero, Hidalgo, es abogada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene especialidades en las materias civil, procesal civil y mercantil en la Ciudad de México, así como diversos diplomados en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE). Ha sido secretaria general del PRI en Hidalgo y coordinadora estatal de campaña de Miguel Ángel Osorio. Anteriormente ha sido diputada local por el Distrito XV y diputada federal por el 01. Fue la primera mujer en prsidir el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo; fue integrante fundadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Fue coordinadora estatal de la Comisión Interinstitucional para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Hidalgo; secretaria de Planeación y Desarrollo Regional y secretaria de Desarrollo Social en la misma entidad. Escribir a: [email protected]

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17 Octubre 2016 04:09:00
Justicia para todos
¿Usted ha sido parte alguna vez de un juicio laboral como trabajador o como patrón? Si la respuesta es sí, seguramente tuvo que enfrentarse a un proceso burocrático que cuando menos tardó dos años, sin que las partes hayan quedado totalmente satisfechas.

A quien más afecta esta situación es a los trabajadores porque se ven obligados a gastar dinero que no tienen, a buscar otro trabajo aun cuando podrían ser reinstalados y, en muchas ocasiones, prefieren no demandar porque saben que les espera un camino tardado y burocrático.

Por otro lado, las grandes empresas se ven desalentadas para establecerse en México debido a la pérdida de tiempo y dinero que significa desahogar un juicio laboral. Todo ello hace necesario contar con una nueva instancia de impartición de justicia más eficaz, que resuelva de manera atinada y en poco tiempo este tipo de asuntos.

Durante enero y febrero de 2015, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a solicitud del presidente Enrique Peña Nieto, organizó distintos foros de consulta en materia de justicia cotidiana con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil. El objetivo: elaborar propuestas y recomendaciones para hacer más amplio, eficaz, y equitativo el acceso a la justicia en México.

Estos foros evidenciaron graves deficiencias en la justicia laboral: falta de modernización y agilización de los procedimientos; carencia de un órgano que vigile el cumplimiento de las resoluciones; falta de profesionalización del personal de las juntas y tribunales; desaprovechamiento de la conciliación y la solución antes de juicio, así como prácticas de corrupción que dificultan el acceso a los derechos laborales en
México.

Derivado de este gran esfuerzo entre Gobierno y sociedad civil, el presidente Peña Nietó envió al Congreso una reforma constitucional en materia de justicia laboral que, entre otras cosas, consiste en desaparecer a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que sean los jueces y magistrados del Poder Judicial quienes resuelvan las controversias de los trabajadores tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

El objetivo es muy claro: que las controversias entre patrones y trabajadores ya no sean resueltas por órganos burocráticos que actualmente dependen del Gobierno, sino por verdaderos jueces imparciales e independientes.

Con tal fin, también se ha propuesto que exista una instancia especializada que se encargue exclusivamente de resolver los conflictos laborales mediante una sola audiencia de conciliación que, de llegar a un acuerdo, acabaría con el problema.

Se trata de que las partes en conflicto solucionen sus diferencias de forma amigable con la intervención de un experto que les ayudará a entablar una sana comunicación y a encontrar el mejor acuerdo posible para dar fin al problema.

Como legisladora, celebro la decisión del Senado de la República de aprobar el pasado 13 de octubre esta reforma constitucional que muy pronto analizaremos, discutiremos y, seguramente, aprobaremos en la Cámara de Diputados, porque trabajadores y patrones necesitan de mecanismos prontos y eficaces para resolver sus conflictos.
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