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Francisco Tobías
Francisco Tobías
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05 Septiembre 2018 04:03:00
Justicia por mano propia
De acuerdo con un reporte oficial de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio en Puebla, alrededor de las 15:30 horas del 29 de agosto, integrantes de la corporación rescataron a Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez, de 53 y 21 años, quienes fueron acusados por la gente de San Vicente Boquerón de robar niños, entre otras versiones. De acuerdo con información oficial y de prensa, los elementos que los rescataron no siguieron los protocolos de actuación establecidos, lo que ocasionó que al ser trasladados a la comandancia de la cabecera municipal se congregaran alrededor de 150 personas y que de manera enardecida rompieran la puerta y sacaran a los individuos a los cuales prendieron fuego, al igual que la camioneta que conducían.

Nuestra Constitución contiene en uno de sus principales apartados las llamadas Garantías Individuales, que no es sino el reflejo de la protección legal y suprema de cualquier ser humano, de cualquier mexicano de ser igualmente protegido ante la Ley. Esto es el corolario indispensable para superar la barbarie y la costumbre de siglos atrás de la venganza privada. En ese sentido, es el Estado el que asume la obligación de impartir justicia de manera pronta, parcial, gratuita y de manera imparcial; esto es garantizarle los derechos a cada mexicano, que nunca pierden vigencia.

Los derechos civiles que se obliga a respetar todo aquel que sea mexicano tienen como referente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por nuestro país en marzo de 1981 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969. Es evidente, que en un mundo, en un país democrático, en donde día con día se lucha por consolidar nuestra democracia (todavía en ciernes) sigan persistiendo actos en donde la sociedad, quizá arropada por un hartazgo, cometa tales hechos atroces.

El Estado como el único autorizado para hacer uso de la fuerza legítima debe de ser el garante también de proteger a los “presuntos” culpables. Claro que la sociedad tiene que poner mano y coparticipar para no llegar a la ley de la selva. Al día de hoy, Puebla es considerada la entidad de nuestro país con mayor número de linchamientos. Ante lo expuesto, sé que lo sucedido hace unos días tiene distintas aristas, pero es difícil ver que hoy veamos de manera grotesca y triste cómo unas personas hayan sido exhibidas públicamente, torturadas en agonía entre aplausos de un pueblo violento y desconfiado de un sistema judicial fallido que decidió como en la antigüedad procurarse su propia venganza. Los circos romanos ya perdieron interés y vigencia…

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