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Gerardo Hernández
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15 Diciembre 2017 04:08:00
La autoridad de Vera
Uno de los liderazgos relevantes con los cuales rompió la pasada administración fue con el del Obispo de Saltillo, Raúl Vera López. El dominico jamás ha sido bien visto por el poder, sobre todo en los dos últimos sexenios, debido a la claridad de su pensamiento pastoral, sus denuncias contra los abusos de autoridad y su activismo en defensa de los inmigrantes, los mineros y los derechos humanos. Vera asumió la Diócesis el 20 de marzo de 2000, recién iniciado el gobierno de Enrique Martínez. El obispo procedía de San Cristóbal de las Casas, donde había sido coadjutor de Samuel Ruiz tras el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994.

Vera fundó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y ha sido uno de los principales soportes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec). Rubén Moreira estableció entre las prioridades de su agenda el tema de los derechos humanos incluso antes de ser gobernador. Presidió la comisión respectiva en la Cámara de Diputados donde le sucedieron Miriam Cárdenas, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Armando Luna.

En vísperas de las elecciones para gobernador –en un estado donde las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras fueron noticia internacional–, Vera pidió a los coahuilenses votar con conciencia crítica. “La impunidad –dijo– es el mecanismo más fuerte de control social y represión política que el Estado mexicano ha construido para imponer con base en el terror políticas económicas lesivas a millones de mexicanos. Este año y este sexenio, de manera particular, se han elevado las cifras de víctimas, no solo de secuestros y asesinatos de activistas y de periodistas, sino de población en general”.

(La denuncia cobra actualidad por la Ley de Seguridad Interior, aprobada por la Cámara de Diputados y aún pendiente de votar en el Senado, que ha provocado protestas dentro y fuera de México por el riesgo de militarizar el país, espiar y reprimir a la ciudadanía y someter el poder político a las fuerzas armadas. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó no aprobar la ley).

El Obispo de Saltillo celebró reuniones con el Gobierno anterior para tratar el caso de los desaparecidos y otros temas, sin mayores avances. El 5 de julio, un mes después de las elecciones, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó ante la Corte Penal Internacional la comunicación Asesinatos, Desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. El Obispo Vera acompañó a las organizaciones que entregaron el documento en La Haya: la Comisión Diocesana para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, entre otras.

El poder respondió con desmentidos, reactivó procesos contra presuntos sacerdotes pederastas y empezó a acosar al obispo Vera López, quien compareció ante el Ministerio Público. Sin embargo, el aviso entregado en la Corte Penal Internacional resultó demoledor para una administración que había hecho de los derechos humanos su “leitmotiv”. El gobernador Miguel Riquelme se reunió con el obispo Vera el 11 de diciembre. ¿Primer paso hacia la reconciliación con uno de los líderes más agraviados de los últimos 12 años?
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