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Vicente Bello
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22 Junio 2018 04:00:00
La batalla por el Congreso, el último reducto de la impunidad
La batalla electoral por la Presidencia de la República, que ya prácticamente entró en su recta final, ahora tiene enfocadas sus baterías hacia las cámaras del Congreso General. Y quienes las disputan son, esencialmente, dos fuerzas políticas: La que lidera Enrique Peña Nieto y la que lidera Andrés Manuel López Obrador.

La fuerza política que lidera el actual presidente de la República ha estado conformada no sólo por el PRI, sino también por el PAN, PRD, Panal, Pvem y MC. Todos estos partidos políticos han respondido al timón político y legislativo de Peña Nieto. Y éste, a la vez, ha respondido a intereses económicos de grupos poderosísimos dentro y fuera del país, y a los de gobiernos como el de los Estados Unidos.

Si bien es cierto que ahora, al calor de la disputa por la presidencia, se han visto divididos PRI y PAN, en realidad no lo han estado. Durante todo el sexenio peñista, tanto priístas como panistas respondieron exactamente a los mismos intereses políticos.

Esta conjunción de intereses se manifestó en la aprobación de cada una de las once reformas constitucionales que dieron en llamar estructurales, y que fueron posibles gracias a la alianza reforzada este sexenio de estos dos partidos políticos, a los que se sumaron el PRD, PVEM, Panal y MC bajo el manto del denominado Pacto por México.

(El PES, ahora en esta elección aliado con Amlo, también jugó un buen trayecto del sexenio un papel de alianza con el PRI y con el PAN, los dos partidos que han manejado el rumbo del régimen).

Aquellas once reformas “estructurales” fueron conseguidas por el PRI y PAN prácticamente desde el arranque mismo del sexenio. Y, como parte de su estrategia político-legislativa, planeaban una segunda tanda de reformas, que desde entonces dieron en llamar reformas de “segunda generación”.

Una reforma de primera generación que, necesariamente, debería recalar en una continuación, fue la reforma energética, que debía ser complementada con una reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Como sabían que la República iba a quedar bastante golpeada con la de primera generación, decidieron esperar para el último tercio del sexenio y entonces sacar la complementaria, que no era otra que la reforma para la privatización del agua.

Se trataba entonces de esperar para sobarle el adolorido lomo a la gente, suponiendo que la población otra vez iba a ser desmemoriada y que olvidaría muy pronto la mega madriza de la privatización petrolera.

Además, contarían con el recurso infame de prostituir socialmente a la gente más necesitada, comprándole el voto, que es en lo que están en este preciso momento, por cierto, tanto el PRI por su lado como el PAN por el suyo.

Evidentemente no les han salido las cosas como ellos hubieran querido (después de un arranque de simulación, pretendían unirse al final en torno de un candidato). La ambición de Ricardo Anaya Cortés, candidato a fuerzas del PAN, dio al traste con la estrategia de los capitanes del régimen, y es hora en que han comenzado unos y otros a llorar, desesperados, por el avance gigantesco de Andrés Manuel López Obrador, cuya presidencia viene perfilándose en todas las plazas del país en donde se reúne y habla a tambor batiente.

Es evidente que priistas, Peña y panistas ya no piensan mucho en conseguir la presidencia de la República, con la ventaja tamaño familiar que les lleva el Pejeman. Pero tampoco han descartado el fraude, que a decir de mucha gente ya su maquinaria fue echada a andar.

Si algo ha demostrado no tener el PRI es tantita madre. Y Peña, en su desesperación, tampoco demuestra tener la mínima vergüenza. El mínimo pudor. La mínima moral.

Además de que están pretendiendo hacer trampa en la elección del domingo 1 de julio (claro, el antídoto claro y contundente es el voto masivo en su contra, que al parecer conseguirá avasalladoramente López Obrador), es hora en que el PRI y el PAN buscan hacerse del mayor número de diputados y senadores. Es una alianza soterrada que ya traen en esta recta final.

Es allí, en los dos territorios del Congreso de la Unión, donde pretenden guarecerse del feo temporal que les vendría encima a partir del próximo sexenio, si Andrés Manuel López Obrador consigue vencerlos a pesar de las trampas que ya le están tendiendo por doquier.

Priístas y panistas, si consiguieran hacerse de minorías que, sumadas, alcanzaran conformar mayoría absoluta (la mitad más uno), tendrían a su alcance encubrirse políticamente para alejarse de eventualidades penales, por ladrones. Y tendrían la posibilidad de detener al nuevo régimen cuando éste quisiera echar para a atrás algunas de sus llamadas reformas estructurales. O cuando hacérselas muy difíciles.

Pero si Andrés Manuel consiguiera hacerse de las mayorías en las dos Cámaras, entonces podría echar para atrás rápidamente leyes como la educativa, que requiere de los dos tercios por ser constitucional, y las fiscales, que impuso el PRI, como aquella en que incorporó al precio final de las gasolinas y el diesel –además del IVA y el ISR- el Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS).

La de la privatización del agua fue un decreto presidencial, de Peña Nieto. Dijo Amlo que será muy fácil echarla para atrás: con otro decreto presidencial.

Como se ve, no la tienen nada fácil ni PRI, ni PAN ni Peña Nieto, si, como muchos vaticinan, ganase López Obrador. Y, tampoco, al parecer, los poderes fácticos que han sido beneficiados por el régimen.

El desenlace está a tiro de piedra. Veremos.
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