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Vicente Bello
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19 Junio 2018 04:00:00
La confirmación de la traición a la patria de Enrique Peña Nieto
Mediante un decreto presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto entregó, a partir del pasado 6 de este mes, el 40 por ciento de las cuencas acuíferas del país a empresas extranjeras de la extracción de la minería y del gas y petróleo.

Como Peña Nieto no pudo hacer que el Congreso de la Unión reformase la Ley de Aguas Nacionales para privatizar el agua –férrea fue la oposición de algunos partidos, fundamentalmente Morena y Movimiento Ciudadano-, recurrió a su facultad del decreto presidencial.

Así, este presidente cuya memoria será una mancha negra y repugnante en la historia de México, ha puesto –según el decreto de marras- más de 300 (de casi 800) acuíferos del país a disposición de compañías mineras y de compañías de hidrocarburos que tendrán necesidad de millones de metros cúbicos de agua para extraer petróleo y gas, bajo el método conocido como fracking.

El fracking es un mecanismo de inyección de millones de metros cúbicos de agua mezclados con productos químicos altamente contaminantes del subsuelo, para sacar, por sistema de presión, a los hidrocarburos.

Y fueron el PRI, PAN, PVEM, PANAL y un sector del MC los partidos políticos que aprobaron –agosto de 2014- el paquete aquel de reformas energéticas, con la que abrieron la puerta para el regreso de las compañías trasnacionales petroleras.

Este decreto es el reflejo envilecido de un presidencialismo puesto al servicio de poderes fácticos poderosísimos, que se han servido de las leyes para convertirlas en mero instrumento de dominio de la población mexicana.

La figura del decreto presidencial es el gran recurso del titular del Ejecutivo federal para darle la vuelta al Congreso de la Unión cuando éste no acatara su voluntad.

Es una facultad presidencial que convierte al presidente de la República en el gran legislador de México. Es la simulación democrática que se padece en México. Es también una de las reminiscencias del presidencialismo priísta.

El gran poder legislativo no es el Congreso General sino el presidente de la República, quien además de tener la facultad de decreto, cuenta con un gran protagonismo en el proceso legislativo mexicano.

Verbigracia: tiene la facultad de presentación de iniciativas, secundarias o constitucionales; tiene la facultad de la Iniciativa Preferente, una obligatoriedad del Congreso en tener que legislar cuando menos dos iniciativas por periodo ordinario que haya considerado el presidente de la República como urgentes. Y si el Congreso no la quisiera procesar, entonces dicha iniciativa quedaría aprobada de facto en 30 días, sin necesidad de diputados y senadores.

El Ejecutivo federal tiene la facultad de construir los reglamentos, es decir la última interpretación de las leyes secundarias. Es común que muchos reglamentos estén hechos a contrapelo de lo que el Legislativo mandata en leyes secundarias o aun en reformas constitucionales.

El presidente de la República tiene también la facultad de observar leyes, es decir vetarlas. Cuando una ley aprobada por el Congreso no es del agrado del presidente, éste puede regresarlas al Congreso, y si éste quiere refrendarla entonces necesitará de la votación colegiada (dos tercios) y no de la mayoría absoluta (la mitad más uno).

Pero donde el presidente de la República se vuela la barda es cuando emite decretos.

Esta facultad, por cierto, ha comenzado a hacer mucho ruido a raíz de que pudiera Andrés Manuel López Obrador llegar a la presidencia de la República. Tanto ruido que la gente del PAN y PRI, y peones del régimen como Enrique Krauze, han comenzado a alzar la voz alarmados porque juran que el tabasqueño es un tipo “autoritario”…

Estas mismas voces –las de Anaya, Meade y Krauze- nada dijeron, por cierto, cuando Peña Nieto decretó abrir concesiones de más de 300 acuíferos a compañías mineras y petroleras, la mayoría extranjeras, para la extracción, explotación y contaminación de millones de metros cúbicos de agua.

Se entiende que Peña optó por el decreto por dos motivos: Uno: para cubrirle la retirada al PAN y PRI en las elecciones presidenciales, del próximo 1 de julio, en la que pretenden ya no ganar la presidencia de la República sino arrancarle al movimiento liderado por Amlo alguna tanda de diputados y senadores.

Teniendo alguna cantidad de legisladores afines, bajo las siglas del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC y PANAL, se estarían cubriendo las espaldas en el próximo sexenio.

Y dos: Peña Nieto abre un camino a las compañías extranjeras para defenderse jurídicamente en caso de que el próximo presidente de México les corte el suministro del agua. Si este motivo fuera el principal, entonces se estaría hablando de otra gran traición a México por parte del presidente Enrique Peña Nieto.

Si hubiera un poquito de voluntad política, este accionar presidencial daría sin duda materia prima para iniciar un debate sobre traición a la Patria de un presidente de la República. Y más todavía: materia jurídica para afincar un juicio por traición a la Patria.

¿Y quiénes son los perjudicados con el decreto presidencial? Sin duda todos los pueblos y comunidades adonde las compañías del fracking comiencen a extraer el vital líquido. Desde los tiempos del debate por la reforma energética, se vaticinaba que en la era del fracking habría problemas sociales graves en entidades como Coahuila, Nuevo león, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz.

Pero habrá también afectaciones graves en zonas mineras, como la de Zacatecas, la misma Coahuila, Guerrero y Sonora.

¿Por qué lo hizo Enrique Peña Nieto? Más allá de que hoy pueda alguna institución del país obligarlo a dar explicaciones, será una pregunta histórica, que escocerá muchos años.
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