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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación. Actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Conductor del Espiral, programa de análisis político dominical del Canal 11. Analista Político cotidiano del Noticiero Enfoque de Núcleo Radio Mil. Analista semanal del noticiero nocturno de Proyecto 40. Co-conductor del programa Claves, también de Proyecto 40. Integrante de la mesa editorial de la Revista Nexos. Miembro del Consejo Consultivo de Conapo. Cuenta con diversas publicaciones en temas relativos a: La transición democrática. La función pública. El sistema de partidos. Los derechos. La ciudadanía.

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16 Marzo 2017 04:00:00
La Constitución como losa de concreto
En 1929 por primera vez se consideró legal el divorcio en la Ciudad de México. En el resto del país pegaron de gritos las voces más conservadoras. ¡Desde la capital se estaba destruyendo a la familia, la base fundamental de la sociedad! Los “chilangos” (no sé si ya nos llamaban así entonces) íbamos a dejar a miles de niños sin hogar y a cientos de mujeres sin protección masculina. ¿A quién se le ocurría tamaña osadía liberal? –reclamaron los abogados de la buena moral cristiana.

Diez años después, en todo México el divorcio se volvió legal. Una a una las entidades fueron tomando la misma ruta que se abrió en la Ciudad de México. Y sin embargo la familia sobrevivió, no hubo abandono masivo de infantes y las mujeres “divorciadas” lograron sobrevivir en iguales o mejores condiciones que los varones.

Por tradición la capital del país ha sido vanguardia en materia de derechos. Aquí se aprobaron primero las sociedades de convivencia y se declaró legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí se despenalizó antes que en cualquier otro lugar la voluntad de cada mujer a decidir sobre su cuerpo y también se discutió con respeto y seriedad el derecho a contar con una muerte asistida.

Hasta ahora la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no había sido obstáculo para concebir, proponer o aprobar derechos que abrieran, en direcciones novedosas, los horizontes de la ciudadanía.

La Ciudad de México ha sido laboratorio para experimentar con derechos que luego se volvieron patrimonio del país entero, porque la Carta Magna ha sido piso y no techo. Pues ahora la Procuraduría General de la República (PGR) pretende dictar un punto final a esta orgullosa costumbre “chilanga”. Para combatir la recién aprobada Constitución de la CDMX argumentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la Carta Magna nacional debe ser freno y no punto de partida para los derechos.

Cito textual la Acción de Inconstitucional que presentó la PGR el lunes pasado: “en ninguna ley …, como lo es la Constitución de la CDMX se pueden definir, ‘reconocer’ o ampliar derechos humanos … ya que tal función es propia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. ¿Así o más arbitrario?

Desde la mirada de la PGR, a partir de ahora la ley “chilanga” no puede ir más lejos que la Carta Magna. Luego abunda argumentando que la Asamblea Constituyente de la CDMX estaba imposibilitada para “crear un catálogo de derechos humanos”, ya que debió haberse contentado con “constreñir su actuación a posibilitar el goce y la protección” de aquellos reconocidos por la Constitución nacional.

El argumento no sólo es jurídicamente irracional, sino moral e históricamente insostenible. Bajo la lógica de la PGR los “chilangos” debemos esperar a que la Carta Magna legalice los matrimonios entre personas del mismo sexo para que entonces puedan ser legales en la capital. Y lo mismo propone en materias como aborto, despenalización de la mariguana, muerte asistida o derecho a la movilidad, entre tantas otras.

Con esta Acción de Inconstitucionalidad la Procuraduría le está haciendo el trabajo sucio a los orgullosos herederos de la Santa Inquisición.

Me temo que por esa ruta terminará impugnando pronto la legalidad del divorcio entre mexicanos. Más vale irse preparando porque el derecho a divorciarse no fue tampoco consagrado en la Carta Magna firmada en el 17.

A la Corte le toca ahora decidir si coincide con esta arbitrariedad. Cabe hacer votos para que los ministros recuerden que estamos en una República federal, cuyo sano funcionamiento radica en que la Constitución nacional es piso y no techo en materia de derechos.

El centralismo que inspira a la PGR en estos días es penoso. Trae a la memoria el año de 1836, cuando Antonio López de Santa Anna y otros conservadores trasnochados se dedicaron a desgarrar a la patria. Y así nos fue. El respeto a la autonomía de la capital, así como a la soberanía de los estados, radica en comprender con sinceridad que cada población tiene derecho a defender la ética y los valores humanos que le otorgan identidad, aun en contra de la mayoría nacional.

ZOOM: sabe, huele, se siente y es electoral. La Acción de Inconstitucionalidad presentada por la PGR quiere congraciar al Gobierno federal con las fuerzas políticas conservadoras de ayer y de hoy.
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