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Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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31 Mayo 2020 04:08:00
La constructora que ‘vigila’  contador asesinado en CDMX y factura millones en Acuña
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Un municipio al azar: Ciudad Acuña, Coahuila. Una revisión a la obra pública de 2019; el año completo del ejercicio fiscal. Y un resultado como botón de muestra: un par de hermanas de Gómez Palacio, Durango, con datos de identidad verídicos pero ajenas al negocio de la construcción, facturaron 30 millones 12 mil 255 pesos en pavimentaciones de concreto hidráulico, a 680 kilómetros de distancia de su localidad, convirtiendo a la sociedad mercantil Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., en el contratista más favorecido por el Ayuntamiento gobernado por UDC y encabezado por Roberto de los Santos Vázquez.

El caso son muchos casos a la vez. Una práctica recurrente anclada en la médula de la administración pública municipal, con independencia de la facción o partido en el poder. Por adjudicación directa, sin registros de licitaciones previas, aparecen constructoras golondrinas que se agencian contratos por el tiempo que dure un determinado grupo en el control del erario. Al cambio de mando generalmente desaparecen y nuevas oportunidades de negocio se generan para otros. Es un proceso cíclico.

Así, por invitación restringida (a cuando menos tres participantes) Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., compitió sistemáticamente durante 2019, contra las mismas razones sociales en todos los proyectos que ganó: Ferroqui, S.A. de C.V. (de Ciudad Acuña, creada en 2007) e Idelsa Constructora, S.A. de C.V. (también de Torreón y constituida en 2009); o bien Idelsa Constructora, S.A. de C.V. y Abdel Karim Musi Chávez (persona física).

Puestos a defender la Presidencia Municipal se puede argumentar que al tratarse de un municipio pequeño (150 mil habitantes –que no son pocos– y un presupuesto anual –nada despreciable– de 653 millones 726 mil pesos para 2020) no existen tantas alternativas disponibles en el padrón. O justificar en una circunstancia social propia de Ciudad Acuña: la cantidad de población migrante afincada, el hecho de que las beneficiadas –en el papel– sean laguneras de Durango.

Pero Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., por el contrario, es un viejo conocido.

Fue constituida como persona moral el 9 de noviembre de 2006, en Torreón. Fecha que coincide con el primer periodo de Evaristo Lenin Pérez Rivera al frente del Ayuntamiento (2006-2009), de los dos que acumula.

Durante la segunda gestión de Lenin, de 2014 a 2017, Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., consiguió múltiples contratos. Cuatro en 2014 que suman 16 millones 363 mil 285 pesos, de los cuales 5 millones 689 mil pesos fueron por un pasto sintético. Solo en 2015, por modernizar la Planta Uno del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Acuña, facturó 46 millones de pesos. Entonces se le presentó públicamente como “una empresa acuñense” (La Rancherita del Aire, 24-10-15). Asimismo una obra de un millón 428 mil 541 pesos el 24 de agosto de 2015, y otra más por 4 millones 680 mil 258 pesos en 2016.

Sin embargo, existen demasiadas inconsistencias en su personalidad jurídica para tratarse de un jugador tan exitoso.

Por principio de cuentas el domicilio fiscal: ubicado en una vecindad vandalizada y semiocupada en Torreón. O que sus socias, las hermanas Ana Celia y Rosa Isela Pérez Ruiz, de 49 y 43 años respectivamente, originarias de Gómez Palacio, habitan una modesta vivienda en el Centro de Lerdo, siendo la primera de ellas contador público y administrador general del negocio.

Y aquí viene un detalle inquietante de la historia: en el acta constitutiva de Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., en poder de quien esto escribe, consta que, como “comisario” vigilante de la empresa, se designó a Salvador Arteaga Soto, un contador público de Torreón que fue asesinado a quemarropa por un par de sujetos que viajaban en una motocicleta con la intención de ejecutarlo, la tarde del 11 de noviembre de 2016 en pleno centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Según testimonio de sus familiares publicado por el periódico El Gráfico, acudió a la capital para reunirse con un cliente y volaría de regreso a La Perla de la Laguna ese mismo día.

Ahora bien, en el padrón de proveedores y contratistas del Ayuntamiento de Torreón, con registro 003489 para ofrecer sus servicios en “obra civil en general”, Edificaciones Tamco, S.A. de C.V., señala que su domicilio es General Cepeda 137, de la colonia Valle Verde; en Torreón. Específicamente una vivienda de interés social, deteriorada, donde curiosamente una camioneta vieja con serigrafía de Idelsa Constructora, S.A. de C.V. (su “competidor” en las invitaciones restringidas), permanece estacionada permanentemente.

Y aquí no acaba el asunto. Por ley los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, autoridades ejecutivas, están obligados a transparentar como información pública de oficio un rubro que se denomina “georreferenciación de obras públicas”. Se trata, básicamente, de mapear y presentar evidencia física de los trabajos. Pues en el caso que nos ocupa la ubicación de las ocho obras correspondientes a 2019 no puede ser verificada ya que la georreferenciación es inexacta. Otras, como las escaleras de concreto para la pista de atletismo Eduardo Moreira, a un costo de 3 millones 777 mil pesos, suponen precios fuera de toda proporción en el mercado. Misma situación de los 12 millones 2 mil 741 pesos por una pavimentación lineal.


Cortita y al pie

Otro dato interesante. Un supuesto representante de la empresa, de nombre José Ramón Meza Rodríguez, se acredita con una presunta escritura pública del 17 de agosto del 2009, de acuerdo con los convenios firmados (con su nombre propio, sin rúbrica) con el Ayuntamiento de Ciudad Acuña.

Dicha representación, no obstante, no pudo ser corroborada en el Registro Público de Comercio ya que no existe mayor movimiento en la persona moral después de su constitución. En 13 años no hay modificaciones posteriores, ni siquiera en su capital social de solo 50 mil pesos.

La última y nos vamos

Finalmente, por lo demás: ¿por qué lo anterior no lo detecta de oficio la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoría Superior del Estado?

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