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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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25 Febrero 2018 04:00:00
La corrupción y el abuso de poder
La sociedad necesita una estructura normativa que ordene y limite los comportamientos, para evitar todo exceso, especialmente de la autoridad, que atente contra los intereses legítimos de las personas.

Cuando quien detenta el poder, en ejercicio abusivo de su posición, impone cargas ilegales de naturaleza administrativa, laboral o de cualquier otra especie, o despoja de un derecho a quien o quienes son sus legítimos titulares aprovechando la situación precaria de éstos o su desventaja asimétrica, la violación es todavía más grave, porque entraña un sometimiento indigno del débil por el poderoso, no importa si para ello se vale de la fuerza física o la amenaza o el temor, que a fin de cuentas constituyen una fuerza sicológica.

Con independencia de los delitos y faltas en que quien detenta el poder incurra al actuar de esa manera, el efecto de su conducta es en sí mismo corruptor, porque tiende a corroer el ordenado funcionamiento de la vida en sociedad.

Si la lenidad se manifiesta en aquellas instituciones y órganos que, por la función que se les ha encomendad, debieran ser custodios escrupulosos de los mismos, la inminencia del riesgo será mayúscula.

Eso, que ya de suyo es gravísimo, empeora todavía más cuando la víctima cede a la imposición sin acudir a los medios de defensa que el propio sistema de normas ofrece, porque su pasividad contribuye a la impunidad y, con ello, al deterioro de los equilibrios que descansan en la estructura jurídica.

Cuando se enseñorean en esa sociedad, o en algún sector relevante de ella, los antivalores, como es la falta de valor cívico, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastocará y se pondrá en grave riesgo la subsistencia misma del ente social.

Si, en cambio, pugna por hacer valer sus derechos, las aguas podrán retomar su cauce y las cosas transcurrirán en el sentido debido y, por regla general, las posibles desviaciones, las infracciones esporádicas, serán enmendables de manera relativamente sencilla y hasta casi inocua.

Al cobrarse conciencia de la gravedad del problema que la corrupción presenta, importa sobremanera extremar, desde la ciudadanía misma, adoptar posturas firmes y, desde las múltiples plataformas que el derecho ofrece, combatir con denuedo ese mal que amenaza, ostensiblemente, con aniquilar toda posibilidad de rescate para este país que, después de dos siglos de intentarlo, no atina todavía definirse y crecer con solidez y en justicia.

En ello radican, en muy buena medida, la magnitud y la extensión del mal que llamamos corrupción.

El combate a la corrupción implica más -mucho más- que perseguir a delincuentes de cuello blanco, desfalcadores de las arcas públicas, perpetradores de cohecho y afectos a las “mordidas” o cualquier otro delincuente por el estilo, y escarmentarlos. Es cuestión de depurar la moral pública y los procedimientos de selección y elección de las mujeres y hombres que tendrán a cargo las funciones de gobierno y gestión, para asegurar su probidad y su capacidad para el desempeño del cargo.

Pero mientras eso ocurre, y aun para que pase, es imprescindible la acción responsable y activa de las y los ciudadanos afectados por las acciones abusivas e ilegales de que hayan sido víctimas. No hay mejor remedio que ese contra la impunidad.

El mejor remedio contra los abusos y la corrupción radica en las buenas prácticas, y no cabe duda alguna de que la defensa de los propios derechos es una de ellas.

Sin una actitud así, enérgica y generalizada, será difícil contener -imposible revertir- los progresos de la corrupción, en cuya matriz, no cabe duda, radica el abuso de poder.

Bueno es tener en cuenta que el combate a la corrupción podría tener por divisa aquellos viejos versos de Facundo Cabral, que bien resumen y gráficamente expresan lo que aquí se ha dicho: “Yo tengo dos enemigos, pues dos puntas tiene el mal: el hombre que pisa a otro y el que se deja pisar”.

¡Feliz semana!
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