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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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12 Noviembre 2017 04:00:00
La corrupción y los presupuestos
Hace unos días, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío publicó un artículo intitulado “Una buena agenda anticorrupción” (El Universal, 07/11/2017).

En su artículo, el ministro Cossío enfatiza la necesidad efectuar una detenida y extensa reflexión pública sobre los puntos torales del informe de la Auditoría Superior de la Federación, que arroja importantes datos sobre deficiencias en el ejercicio 2016.

Expresamente, menciona el pago de sobreprecios injustificados, obras de mala calidad, falta de entrega de lo convenido y otras cuestiones “por el estilo”.

No menciona otras igualmente serias. Por ejemplo, el dato que hace poco se destacó respecto del gasto en difusión, que superó, generalizadamente y en algunos casos hasta en un mil por ciento, al autorizado, lo que necesariamente implica tomar los recursos excedidos de otros rubros, probablemente prioritarios.

Tampoco menciona un rubro que, por sus repercusiones, puede ser tanto o más grave, cualitativamente, que los mencionados: Aquel que tiene que ver con la retención indebida, injustificada e infundada de los presupuestos autorizados por el órgano parlamentario a instituciones y organismos que, sin dependencia del poder ejecutivo, se ven privados de los recursos asignados por determinación arbitraria de dependencias de este último.

Aunque los montos puedan parecer irrisorios frente a los dedicados a grandes obras, son más graves cualitativamente porque trascienden al campo de la garantía del equilibrio en el ejercicio del poder basada en el sistema de frenos y contrapesos, lo que hace añicos, en los hechos, la expresión fundamental del estado de derecho y pega en la médula misma de la legitimidad al atentar contra la función esencial del estado y su gobierno.

Como nos enseñaron los sismos recientes, hay daños estructurales imperceptibles y supuestamente mínimos, que son en el fondo más graves que muchos derrumbes escandalosos de elementos no esenciales de la arquitectura y la ingeniería. Lo mismo pasa con ellas cuando el parangón se aplica a los sistemas sociopolíticos y gubernamentales.

Quienes cometen, autorizan, permiten u ordenan este tipo de irregularidades, harían bien en considerar, antes de hacerlo, aquella disposición de los códigos penales que tipifican el delito de peculado como lo hace, para enunciarlos de manera paradigmática, el Código Penal Federal en el artículo 223, que dice que comete el delito de peculado: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, entre otras cosas.

Hay, en los estados, algunas variantes. En Coahuila, y solo a manera de ilustración, el Código Penal dice, en su artículo 195, que: “Se aplicará prisión de dos a ocho años; multa de la mitad a tres tantos del beneficio que obtuvo; destitución de empleo o cargo; e inhabilitación definitiva para desempeñar otro: Al servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa”.

Como se verá, no solo se trata de una práctica irregular, sino de una ilegalidad delictiva que, si bien en la impunidad podría encontrar resguardo, ya no contará con ese parapeto, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que un juez de una adscripción distinta a la del local conozca de la causa cuando haya riesgo para la imparcialidad del originalmente facultado, como ha ocurrido ya en un precedente recientemente establecido por la Corte en el caso Duarte de Ochoa.

Es de esperarse, para bien de México y como bien concluye el ministro Cossío en su artículo, que en el próximo informe sobre la cuenta pública que rinda la Auditoría Superior de la Federación -o las estatales, agrego- no “nos volvamos a sentir sorprendidos por las muchas y delicadas cosas de las que hoy se nos está informando”.
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