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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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08 Julio 2016 04:05:56
La Corte del Infonavit
El pasado miércoles, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a dar clara muestra de que lo suyo no es precisamente lo de procurar justicia y sí lo de avalar, bajo cualquier circunstancia, el funcionamiento del gobierno en turno y sus instituciones, dedicándose principalmente a evitarles cualquier sobresalto, aunque su claro apoyo signifique dar la espalda a los ciudadanos mexicanos.

Todo esto quedó de manifiesto cuando sus integrantes tuvieron a bien resolver el amparo directo en revisión, número 6048/2014, relativo al juicio de amparo directo 95/2014/3. El cual derivó de una demanda presentada hace dos años contra el Infonavit, en la cual el quejoso argumentaba lo incosteable del crédito hipotecario contratado con el citado instituto, el cual inicialmente se le otorgó por un monto de 215 mil pesos, esto en el 2002, y para sorpresa y tras 12
años de pagos constantes, el saldo del mismo, lejos de disminuir, aumentó a 307 mil pesos, es decir, no había pagado un solo peso del monto principal de la deuda.

Después de dos instancias, en junio de 2015 el Segundo Tribunal Colegiado Civil en Monterrey amparó al trabajador y ordenó recalcular su crédito sin aplicar las reglas del Artículo 44, cuya constitucionalidad a su vez se pidió revisar a la Corte.

Por su parte, la máxima autoridad de nuestro país aceptó analizar si el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual regula la actualización de los saldos de los préstamos para vivienda, se contrapone al Artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda empresa […] estará obligada […] a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas
e higiénicas […] mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo […] y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones”.

A pesar que del primer análisis el ministro José Ramón Cossío propuso fallar contra el Artículo 44 de la Ley del Infonavit, y evitar con esto la actualización de los saldos de los préstamos que evita que los mismos sean baratos como lo exige la Constitución, el resto de los ministros prefirió desestimar este argumento y ordenaron retornar el asunto a la ponencia de otro ministro de la misma sala para que elaborara un nuevo dictamen y de nueva cuenta someterlo a votación.

Ya con un nuevo dictamen a modo, La Suprema Corte de Justicia rechazó invalidar el esquema de actualización de saldos de los créditos del Infonavit, para declarar como legal un artículo ilegal que a todas luces impide al trabajador hacerse de un patrimonio y lo obliga a pagar al instituto de vivienda un monto mayor al valor del inmueble precario e indigno que descaradamente los constructores, en colusión con el instituto y los gobernantes, endilgan al trabajador aprovechándose de su necesidad.

Por si lo anterior fuera poco deshonesto por parte de los magistrados que integran el máximo tribunal de nuestro Estado mexicano, en el debate alguno de ellos reconoció que para él, era preferible proteger a una institución abusiva y carente de compromiso con el trabajador, a permitir que un solitario ciudadano se dé el lujo de hacer valer un derecho.
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