×
Vicente Bello
Vicente Bello
ver +

" Comentar Imprimir
28 Marzo 2019 04:00:00
“La deshonestidad de los gobernantes deteriora la vida pública de México”
El Senado de la República aprobó ayer la reforma constitucional que permitirá ampliar los delitos por los cuales podría ser juzgado un presidente de la República.

Ya no solo podrá ser juzgado por traición a la patria o por delitos graves del orden común. Con la reforma al 108 y 110 constitucionales, ahora también podría ser sometido a juicio penal por los delitos de corrupción, delitos electorales y por todos los que señala párrafo segundo del artículo 19 constitucional, relativo a los delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa, que son: Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

El Pleno del Senado hizo dos modificaciones respecto de la minuta que les turnó la Cámara de Diputados: Esto de la inclusión del párrafo segundo del 19 constitucional y la inclusión de diputados federales y senadores en el mismo costal donde se ha puesto ahora al Presidente de la República, en materia sancionatoria.

Con esta reforma constitucional “nadie tiene un solo privilegio, no se exceptúa a los senadores ni a los diputados federales; decidimos acompañar al Presidente en esta iniciativa para que fuéramos todos los que estuviéramos inmersos en esta nueva figura delictiva”, dijo en la tribuna el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, desde su condición de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, una de las tres comisiones dictaminadoras de la reforma constitucional de marras.

Y reforzó su dicho Ramírez Aguilar: “La reforma planteada refiere su trascendencia como un mecanismo que pretende inhibir fundamentalmente la corrupción en las esferas de gobierno.

“No debemos de soslayar que la corrupción es la causa principal de la desigualdad que padecemos.

“La deshonestidad de algunos gobernantes deteriora la vida pública de México, por ello consideramos necesario que se deje claro que nadie puede estar por encima de la ley y que en caso de que participe en la comisión de hechos de corrupción pueda ser sancionado conforme a la ley”.

En nombre de la otra comisión dictaminadora, la de Estudios Legislativo, habló Ana Lilia Rivera Rivera, quien dijo: “Se agregan como causales de procedencia los delitos electorales, los hechos de corrupción o cualquiera de los delitos señalados en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, con esto se garantiza que el primer mandatario no quede exento de responder por los grandes males nacionales que ocasionan al Estado de Derecho.

“Asimismo, se armonizan normativamente el artículo 108 de nuestra Carta Magna con las recientes reformas constitucionales en materia de delitos graves.

“Coincidimos plenamente que con el Presidente de la República en cuanto a que la inmunidad presidencial es un privilegio que se ha convertido en una verdadera excepción jurídica al principio de igualdad ante la ley, constituyéndose en un elemento de injusticia del que se ha abusado a lo largo de los años.

“De tal forma que se ha permitido que la alta dignidad de la representación pública -que el ilustre Conde de Mirebeu se refirió como en un ‘sacerdocio político inviolable’- se desvirtúe y degrade en un manto de impunidad para el amparo de aquellos que traicionan la confianza del pueblo mediante la comisión de actividades delictivas.

“(Esta reforma constitucional) representa un notorio avance en el combate a la impunidad de las élites políticas que por décadas han burlado la justicia a costa de la sociedad mexicana que en su conjunto es la verdadera ofendida de cualquier acto delictivo cometido por un servidor público”.

Fue a la tribuna entonces Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, también dictaminadora. Y dijo: “Esta reforma constitucional termina con un régimen de excepción y de impunidad que ha venido o venía protegiendo al Presidente de la República”.

Reforzó Cristóbal Arias: “Sin duda alguna estas propuestas de modificación constitucional forman parte importante para sentar las bases constitucionales para combatir, erradicar y sancionar el principal cáncer que tiene enfermo al país desde hace ya varias décadas que es la corrupción y es la impunidad.

“La cuarta transformación pasa necesariamente por este tipo de reformas a nuestra ley fundamental en las que debe quedar plasmadas las decisiones políticas fundamentales para que consigan alcanzar este derrotero. Y qué mejor que empezar desde arriba estructurando el andamiaje jurídico para castigar y perseguir las corruptelas que se han perpetrado desde las más altas esferas públicas.

La sociedad y el pueblo mexicano día a día lo reclama y el Senado no puede ni debe seguir postergando estos cambios que le hacen un bien al sentir interés superior de la República. Efectivamente la corrupción se combate desde arriba hacia abajo y hoy se establecen dichas bases constitucionales”.

Entonces el Pleno se perfiló para que todos se pronunciaran. Y comenzaba Sasil de León Villard, senadora del PES: “El Presidente podrá ser sometido a un proceso penal si es acusado de cometer algunos delitos contemplados, por lo que reformar en materia de inmunidad procesal garantizará que el Presidente de la República, diputados federales y senadores puedan ser juzgados penalmente una vez realizada la declaración de procedencia por parte del juzgado correspondiente, sin que esto implique que sean perseguidos injustamente por el ejercicio de sus funciones y que no sean inmunes a cualquier tipo de delito”.

La reforma fue regresada a la Cámara de Diputados, para la revisión de lo que los senadores modificaron. Veremos.
Imprimir
COMENTARIOS



5 6 7 8 9 0 1 2