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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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28 Octubre 2016 04:07:00
La disminución de los delitos (que se denuncian)
En días pasados y ante la insistencia de los medios de comunicación respecto a los hechos delictivos cometidos en la entidad y lo que se ha dicho sobre el tema en los medios nacionales, al titular del Ejecutivo estatal, al secretario de Gobierno y al procurador de Justicia del estado no les quedó otra que salir a señalar, con supuesto beneplácito, que, por el contrario a lo que la ciudadanía percibe, los índices de delincuencia en nuestra entidad han decrecido de manera significativa, esto gracias a la implementación de acciones eficaces diseñadas por ellos mismos.

En la misma sintonía, el presidente Enrique Peña, durante su visita a nuestro estado el pasado mes de julio, afirmó que en Coahuila ha sido manifiesta la reducción de la delincuencia. “En estos primeros 5 meses del 2016, en Coahuila, homicidios dolosos y robos a casas habitación se han reducido en un 60%, los robos en carretera han disminuido 92%, todos en comparación con el mismo periodo de 2012”, afirmó. Estas cifras son bastante alentadoras y hasta aquí todo pareciera un sueño, sin embargo al indagar el origen de tales números, quien esto escribe llegó a la conclusión de que los hermosos índices de delincuencia fueron tomados de las propias estadísticas realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual sigue pensando que el número de ciudadanos coahuilenses víctimas de delitos es igual al número de denuncias que la agencia receptora del Ministerio Público del fuero común recibe mes a mes; nada más erróneo que esto.

Los ciudadanos comunes sabemos que en nuestro estado no existe trámite o gestión más difícil de lograr que el de intentar siquiera interponer una denuncia penal por la comisión de cualquier delito sufrido en nuestro agravio ante los ministerios públicos locales, dada la mala atención y apatía por parte de los funcionarios que ahí laboran, situación que trae como principal consecuencia que las víctimas se inhiban de interponer cualquier denuncia por procedente que esta sea.

Aunado a lo anterior, en nuestro estado el 12 de julio de 2005 se publicó la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias, cuyo objetivo era regular y fomentar la mediación, la conciliación, la evaluación neutral y el arbitraje. Con esta ley se creó el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias como órgano facultado para operarla, mediante el empleo de técnicas de medicación entre particulares en conflicto, dando así a los coahuilenses la opción de dirimir sus controversias de una manera pacífica y voluntaria.

El problema surge cuando nuestros funcionarios judiciales olvidan que esta alternativa debe ser voluntaria y, olvidando su labor de representar a la parte agraviada, recibirle sin distingo sus denuncias y coadyuvar con ellos hasta lograr la reparación del daño sufrido, le imponen al ciudadano como requisito previo de procedibilidad de cualquier denuncia agotar las pláticas conciliatorias con sus victimarios, sea cual sea la naturaleza de su problema. Esta nueva obligación impuesta al quejoso merma, sin duda, su ya de por sí minado ánimo de buscar justicia, por lo que, en el mejor de los casos, opta por aceptar lo que sea a cambio de olvidar el agravio, situación que, a mi gusto, lejos de inhibir una conducta delictiva, la alienta dada la facilidad con que se repara el daño cometido.

En resumen, los niveles de delincuencia no han disminuido en los términos en que se presumen, sino que lo que ha disminuido es la posibilidad real de que un ciudadano inicie sin contratiempos una instancia legal en contra de su atacante, dados los obstáculos que día a día el estado le atraviesa y que le evitan alcanzar de manera real y legal la reparación del daño sufrido. Estoy seguro de que no es coincidencia que el tiempo en que se ha dado la supuesta disminución de la delincuencia es el mismo en que se le empezó a imponer al ciudadano el ejercitar medios alternos de solución de conflictos como condición para acceder a la justicia.
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