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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación. Actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Conductor del Espiral, programa de análisis político dominical del Canal 11. Analista Político cotidiano del Noticiero Enfoque de Núcleo Radio Mil. Analista semanal del noticiero nocturno de Proyecto 40. Co-conductor del programa Claves, también de Proyecto 40. Integrante de la mesa editorial de la Revista Nexos. Miembro del Consejo Consultivo de Conapo. Cuenta con diversas publicaciones en temas relativos a: La transición democrática. La función pública. El sistema de partidos. Los derechos. La ciudadanía.

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04 Enero 2018 04:00:00
La hipótesis Corral
La teoría criminal del caso implicaría que César Duarte Jáquez consiguió un banco y, a cambio, se prestó para financiar, con dinero federal, las campañas del PRI. De esto está convencido Javier Corral Jurado, el gobernador panista en Chihuahua y de poco a poco va probando sus argumentos.

La historia comenzó cuando Duarte y su secretario de Finanzas, Jaime Herrera, invirtieron en comprar la Unión de Crédito Progreso para luego obtener el permiso de operar esa intermediaria financiera como banco.

Duarte puso 65 millones para adquirir el 10% de esa empresa, que después recibió en administración buena parte de la tesorería de su estado, alrededor de 85 mil millones de pesos.

No hubiera sido posible convertir una caja de ahorros local en el Banco Unión Progreso sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria, y por tal motivo desde que este asunto turbio se hizo público hubo señalamientos en contra de la Secretaría de Hacienda como posible instancia implicada.

Durante el año 2015 estalló este escándalo que con el tiempo se ha venido confirmando como verdadero. Hoy César Duarte vive fuera del país y varios de sus excolaboradores de Gabinete se encuentran sometidos a proceso judicial, entre ellos Jaime Herrera, el antiguo secretario de Finanzas.

Durante los dos últimos años flotó sin respuesta una pregunta: ¿por qué la SHCP ayudó a Duarte para que se volviera banquero? No bastó como explicación el poder político del exgobernador, ni la amistad que sostiene con algunos de los dirigentes más importantes de su partido.

Es aquí donde se completaría la segunda parte de la hipótesis: la SHCP habría ayudado a Duarte Jáquez para que se comprara un banco a cambio de que, a través de su Gobierno, transfiriera fondos de la Federación para favorecer a los candidatos del PRI que acudieron a las urnas durante las elecciones de 2016.
Jaime Herrera, socio del banco Unión Progreso y exsecretario local de finanzas, confesó que, por instrucciones de su jefe, César Duarte, participó en una operación fraudulenta para obtener 246 millones de pesos de la hacienda pública federal.
Se ha querido desestimar este testimonio argumentando que Herrera fue presionado por la justicia local para mentir, ya que sólo así recibirá indulgencia por sus delitos. Sin embargo, no se trata de la única prueba que sustenta el argumento del fraude. Otros integrantes del Gabinete de Duarte han corroborado la misma versión.

Con ambas piezas juntas del rompecabezas, el permiso de operación para el banco Unión Progreso –entregado de manera sospechosa por la SHCP–, y el financiamiento presuntamente fraudulento a favor del PRI, es que emerge la hipótesis completa: Luis Videgaray habría intercambiado un favor personal para el exgobernador Duarte a cambio de que este garantizara el triunfo del PRI en su estado, con recursos provenientes de la Federación.

Todavía faltan varios eslabones para probar la tesis del actual gobernador, Javier Corral. Sin embargo, todos los días se añade una pieza más a este entramado. A diferencia de otros casos, el mecanismo de la delación está funcionando como pólvora humeante para descifrar los fraudes supuestos.

El actual gobernador de Chihuahua está decidido a llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias. Ayer exigió al presidente Enrique Peña Nieto que tramite la solicitud de extradición en contra del exgobernador priista César Duarte: “Ya no hay justificación alguna –dijo– para el retraso, se les está pasando de tueste”.

ZOOM: No es común que una fiscalía estatal sea mejor que los poderes federales para perseguir actos de corrupción. El actual Gobierno de Chihuahua parece ser la excepción, pero ya topó con pared. No hay proceso de extradición que pueda resolverse si el Gobierno federal no interviene.

El problema es ese procedimiento depende nada más ni nada menos que del actual canciller, Luis Videgaray.

http://www.ricardoraphael.com / Twitter: @ricardomraphael
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