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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Primera Senadora de Mayoría Relativa en la historia de Coahuila

Nació en Monclova, Coahuila. Es Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (1984) y actualmente es Senadora de la República representante del Estado de Coahuila en la LXII y LXIII Legislatura (2012-2018).

COMISIONES EN EL SENADO:

• Comisión Especial de Cambio Climático, (Presidenta).
• Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Secretaria).
• Comisión de Recursos Hidráulicos, (Secretaria).
• Comisión de Agricultura y Ganadería, (Integrante).
• Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, (Integrante).
• Coordinadora de Globe México.
• Parlamento Latinoamericano de las comisiones de Medio Ambiente y Turismo.

RESPONSABILIDADES ANTERIORES

• Delegada Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA (2008–2011)
• Diputada del H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, en la LVII Legislatura (2006–2009).
• Subdelegada de PROFEPA (2005)∫
• Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario de la Presidencia Municipal de Monclova, Coahuila (1997-1999)
• Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste de la SEMARNAT.
• Coordinadora region centro del Edo de la SEMARNAT (2003-2004)

Otras Actividades

• Miembro de la Comision Permanente del CEN del PAN (Comité Ejecutivo Nacional)
• Consejera Nacional PAN
• Vicecoordinadora Administrativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.
• Miembro Honorario del Colegio Mexicano de Biólogos A.C.

Ubicación en el Senado: Av. Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo Piso 05 Oficina 32, Colonia Tabacalera . Cp. 06030, Delegación Cuauhtémoc, México D. F.
Teléfono: 53-45-30-00 Ext.: 3337, 3446
Correo Electrónico: [email protected]
Facebook: Silvia Garza Twitter: @Silvia_Garza Instagram: silvia_garzag

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13 Mayo 2018 04:00:00
La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
Uno de los ejes centrales de la plataforma electoral de la coalición Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, es asegurar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, misma que aún es un tema pendiente en la agenda nacional.

México ha ratificado diversos instrumentos internacionales en la materia, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

La primera Convención obliga a los Estados a condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, garantizar y proteger por todos los medios necesarios acciones dirigidas a eliminar la discriminación contra la mujer, establecer en sus constituciones y en la legislación secundaria el principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como asegurar el ejercicio de este derecho.

La segunda Convención tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, en virtud de que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

En tal contexto, el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley. A efecto de regular esta disposición, desde 2006 México cuenta con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyos objetivos buscan garantizar la igualdad en la vida económica, civil y cultural, así como en la participación y representación política, incluyendo el acceso y pleno disfrute de los derechos sociales.

Sin embargo, la realidad mexicana nos demuestra que esta igualdad está aún lejos de alcanzarse. Acorde con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cuatro de cada 10 mujeres (40.9%) con hijas e hijos menores de 3 años desempeñan una actividad económica en el mercado laboral, mientras que en el caso de los hombres este porcentaje asciende a 97.9 por ciento. A ello se suma que ocho de cada 10 mujeres que trabajan y tienen al menos un hijo carecen de acceso a servicios de guardería.

Inmujeres también señala que existe una brecha importante en el acceso de las mujeres a puestos públicos de toma de decisiones.

En 2017, por ejemplo, 42.6% del total de diputados federales eran mujeres, mientras que esta cifra se ubicaba en 38.3% de las integrantes de la Cámara de Senadores, esto es, 49 senadoras.

Asimismo, 18.2% de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son mujeres, y en ese año 16.7% de las secretarías de Estado tenían como titular a una mujer, en contraste con un 83.3% cuyo titular era un hombre.

Este conjunto de cifras nos demuestra que la mujer se ha visto relegada en diversos ámbitos de la vida profesional, académica, cultural y social pese a que, según datos de 2015, en México viven 119.5 millones de personas, de las cuales 58.1 millones son hombres y 61.5 millones mujeres.

Esto es, las mujeres somos una mayoría que, por diversas razones, aún tiene que luchar para abrirse paso en la sociedad contemporánea.

Por tales razones, Ricardo Anaya propone asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos iguales y prohibir el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un trabajo, así como el despido por la misma razón. A ello se suma garantizar que hombres y mujeres tengan acceso por igual a la educación en todos sus niveles.

En materia de acceso a la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, se garantizará el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra ellas, incluyendo toda forma de violencia política ampliando los espacios de representación y participación de las mujeres en la vida pública, impulsando que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.

Asimismo, se garantizará este acceso a la justicia mediante el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, para erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres, para lo cual se habrán de crear fiscalías especializadas con personal capacitado para atender delitos relacionados con estos temas, partiendo de la experiencia de la actual Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

Estimadas amigas y amigos, los invito a seguir de cerca las propuestas de Ricardo Anaya y a retroalimentarlas. Todos tenemos mucho qué aportar.

Nos leemos la próxima semana.

¡Muchas gracias!
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