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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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18 Marzo 2018 04:00:00
La impunidad en Coahuila
“De acuerdo a (sic) los resultados del IGI-MEX, el estado de Coahuila de Zaragoza se encuentra en el grupo 4, con un grado de impunidad muy alta, encontrándose en la posición 29 a nivel nacional”.

Así empieza el apartado correspondiente a Coahuila del informe rendido por la Universidad de las Américas (Puebla), intitulado “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”.

También dice el informe, después de una investigación de campo, que en el estado en cuestión “la policía es el mayor punto débil del nuevo sistema, toda vez que los elementos policiacos en la entidad aseguran que solo recibieron un taller exprés básico con los fundamentos del Sistema de Justicia Penal, pero sin ejercicios de práctica… Por eso se considera que debe trabajarse más en capacitar a los policías y fortalecer la investigación”.

El informe refleja una realidad preocupante en el nivel general, pero enciende focos rojos particularmente cuando advierte que entre los estados en los que existe un aumento de la impunidad en comparación con los resultados de IGI-MEX 2016, aparece Coahuila, que supera el rango 69.5 %, que es la media nacional, medida a partir del dato de víctimas de algún delito proporcionado por el INEGI.

Lo dice en los términos siguientes: “cinco estados se ubican por encima de ese rango: Quintana Roo (77.33), Coahuila (77.88), Baja California (78.08), Tamaulipas (78.88) y el Estado de México (80.06)”.

A partir de la información analizada y que bajo el rubro “iii. Principales hallazgos encontrados en 34 indicadores”, el informe sostiene que: “Coahuila presenta deficiencia en el sistema estructural y funcional; las fallas estructurales se observan en el número de magistrados y jueces por cada cien mil habitantes, de 2.74, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional con 3.59, así como de los agentes del Ministerio Público asignados 8.21, respecto a la cantidad de presuntos delitos registrados por cada cien mil habitantes 1525.26, aunado al porcentaje de sentencias condenatorias con 92.04, cifra que se encuentra por arriba de la media nacional con un porcentaje de 83.49”.

Dudoso honor es aparecer en los señalados términos en el reporte de mérito, sobre todo porque la referencia a los indicadores numéricos en que se basa no reflejan, ni de lejos, la gravedad cualitativa de la situación que en nuestro estado impera, especialmente si la perspectiva se enfoca a la vertiente funcional del caso -es decir, cómo operan las instituciones establecidas-, sin menosprecio de la estructural, que cuestiona si las que existen bastan para acometer la tarea.

Aunque en la “Carta” con que abre el informe, el señor Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Honorario Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia-UDLAP, sostiene que la impunidad “es la fuente de la corrupción y la inseguridad que sufrimos”, creo que más bien es efecto y no causa.

Basta con reflexionar sobre la gran cantidad de casos que, a pesar de haber sido comprobados los hechos e identificado a los responsables, ninguna sanción se aplica y no hay reparación integral satisfactoria, no solo en cuanto a delitos, sino también de las faltas administrativas y las responsabilidades civiles, tanto como en la delicada área de los derechos humanos.

Si se cruzan los datos y se tiene en cuenta que la mayoría de las veces las violaciones a éstos son imputables a elementos que forman parte de los cuerpos de seguridad, además de los múltiples cursos que se les han impartido en materia del debido proceso legal y los correspondientes a los derechos humanos, se inferirá que la gravedad del mal bien puede radicar en la falta generalizada de sentido de responsabilidad, en laxitud o franco desdén por las instituciones también extendidos prolijamente precisamente entre aquellos que debieran cuidar de ellas y asegurar su eficacia.

El sentido del deber ha desaparecido y esa carencia, cuando se generaliza como parece haber ocurrido, corrompe las relaciones sociales y a las instituciones que forman. En ello radica el mal.
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