×
David Boone de la Garza
David Boone de la Garza
ver +

" Comentar Imprimir
30 Enero 2017 04:00:00
La incapacidad de entender la discapacidad
¿Cuántas veces nos hemos detenido a reflexionar sobre la realidad en que viven las personas con discapacidad? ¿Con qué frecuencia ayudamos a una persona en silla de ruedas, con debilidad visual o alteración mental? ¿Cómo contribuimos a combatir los obstáculos que no les permiten vivir y desarrollarse libremente (desde los más básicos, como un bote de basura a la mitad de la banqueta, hasta los más difíciles de erradicar, como los prejuicios sobre sus capacidades)? Las personas que presentan alguna discapacidad, sus familiares y quienes los atienden, diariamente enfrentan limitaciones que deben hacernos reflexionar.

Con frecuencia, las personas cuidadoras no sólo asisten física y emocionalmente a seres queridos con alguna discapacidad, sino económica y socialmente, lo que representa una carga de trabajo, sacrificios y una calidad de vida baja. Tales adversidades son injustas. Y lo son porque, al igual que con respecto a otros grupos en situación de vulnerabilidad, la defensa de su dignidad compete a todos y, no obstante, casi todos permanecen indiferentes.

En términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (impulsada por un mexicano, Gilberto Rincón Gallardo, y que ha tenido una influencia destacada en varios países), “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas, 15% de la población mundial, presentan alguna forma de discapacidad. De acuerdo con el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, con base en información del INEGI, en México casi 8 millones de personas, cerca del 7% de la población total, presenta dificultad (discapacidad) para realizar al menos una de estas actividades: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. Y hay quienes sostienen que la cifra de mexicanos con discapacidad se encuentra muy por encima de la consignada oficialmente.

Aunque el número de personas con discapacidad es elevado (y va en aumento), más relevante que el aspecto cuantitativo, lo es el cualitativo. Esto es así ya que, como se ha puntualizado, en cada uno de esos casos, la persona con alguna discapacidad y quienes le auxilian enfrentan barreras infranqueables que impiden que, más allá de lo que se dice en la ley, practiquen sus derechos, es decir, en la realidad, se les niega una vida plena.

En México muchas personas y organizaciones sociales, públicas y privadas han realizado acciones para hacer más visibles a las personas con discapacidad, así como los obstáculos que enfrentan. También han impulsado avances muy importantes para reconocer de facto su dignidad. Uno de los tres poderes federales, el Judicial, y más específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha contribuido significativamente en la materialización de los derechos de las personas con discapacidad y no discriminación.

La autoridad judicial se ha empeñado en garantizar, por una parte, la efectividad de las libertades de los individuos que conforman este grupo, en diversos ámbitos del quehacer humano; por la otra, el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. Ha señalado, por ejemplo, la prohibición de equiparar a las discapacidades con las enfermedades, dándoles por tanto un tratamiento distinto; asimismo, ha reconocido que el hecho de que una persona tenga una discapacidad no debe ser motivo para negarle personalidad y capacidad jurídica, sino que es esencial que cuenta con la posibilidad real de formar y expresar su voluntad y preferencias, con la finalidad de que pueda ejercer su personalidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás.

Quizá la más trascedente de las aportaciones de esta institución ha sido la adopción de una definición paradigmática del derecho internacional, el reconocimiento de que las discapacidades no radican en quienes presentan alguna “deficiencia”, sino en las personas y sociedades que no son capaces de asegurarles que, a pesar de su condición particular, puedan ejercer sus derechos: “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad. La única diferencia radica en la obligación de estas últimas de generar las condiciones que se requieren para que aquellas también puedan ejercerlos. No perder de vista este hecho es sustancial por tres razones: primero, porque es un deber ético; segundo, porque es una obligación jurídica, y tercero, porque a nadie conviene que no sea así, pues, nadie debe pasar por alto que todas las personas, todas, sin importar el estatus económico, la condición social o cultural, la calidad actual de su salud, todas, son potencialmente personas con discapacidad -las más evidentes, las que llegan con la edad-.

No se trata del “problema de las discapacidades”; se trata del problema de los seres humanos para entender las discapacidades. Para resolverlo es necesario conocerlas, hacer conciencia, respetar y llevar a la práctica aquello que implican los principios relacionados con las personas con discapacidad.
Imprimir
COMENTARIOS



5 6 7 8 9 0 1 2