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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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19 Enero 2018 04:00:00
La inexcusable obligación de votar
Por alguna extraña razón, ni las autoridades electorales, ni los órganos encargados de la organización de las elecciones, se han decidido plantear con firmeza la real posibilidad constitucional, de castigar a quienes de manera deliberada omiten acudir a las urnas para ejercer su voto en cualquier proceso electoral.

Lo anterior, a pesar de ser estas mismas autoridades, las responsables de consolidar con sus acciones la democracia en el Estado mexicano. Los órganos electorales son insensibles ante las terribles consecuencias que ha traído el abstencionismo electoral a nuestro país, el cual afecta la legitimidad de quienes resultan electos, perturbando aspectos básicos en el ejercicio del poder como lo son: la gobernabilidad y la representatividad.

No podemos decir que nuestro sistema electoral es auténticamente democrático, si la participación ciudadana es tan pobre, además la escasa participación en las contiendas electorales es ampliamente aprovechada por quienes con un voto duro de una minoría logran estruendosos triunfos carentes de legitimación, pero suficientes para acceder al poder.

Es inadmisible entonces que a sabiendas de dichas consecuencias las autoridades electorales no hayan decidido echar mano de la posibilidad legal de inhabilitar los derechos políticos de los ciudadanos, que sin justificación alguna deciden incumplir con su obligación civil de elegir a sus gobernantes mediante el sufragio, lo anterior a pesar de que dicha posibilidad se contempla con precisión en la ley.

No es una ocurrencia de quien esto escribe, que a quienes no acudan a votar se le deba suspender del ejercicio de sus derechos políticos, al menos por un año, de entrada, que a quien deje de votar se le cancele su credencial del INE, entre otras cosas, que implica este derecho.

Y es que, si bien es cierto, los derechos político-electorales del ciudadano encuentran su fundamento en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la posibilidad de suspenderlos por la abstención deliberada de salir a votar, se observa en los artículos 36 y 38, de la misma Carta Magna.

Los derechos político-electorales son aquellos derechos fundamentales que tiene todo ciudadano para intervenir en las actividades relacionadas con el Estado y el ejercicio de la función política, cuya acción implica la participación directa del ciudadano para decidir el sistema de gobierno; elegir a sus representantes políticos, ser electo y ejercer cargos de representación, así como, definir y elaborar normas y políticas públicas y controlar el ejercicio en la función pública de sus representantes.

Así pues, los ciudadanos debemos enterarnos, que el voto dejó de ser sólo un derecho, para convertirse en una verdadera obligación, y que no se puede distinguir uno del otro a la luz de la Constitución, la cual como derecho, concede al ciudadano la posibilidad de expresar su voluntad para elegir a sus representantes y como obligación al señalarla como tal en el Artículo 36, fracción III, en el cual ordena una ejemplar sanción por su incumplimiento, y que lo es, la suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano por un año, según se lee en el Artículo 38, fracción I de dicha Constitución.

Entonces, ante la conveniente omisión de las autoridades electorales para obligarnos a votar, debemos ser los ciudadanos los que ejerzamos por la fuerza de la ley ese mandamiento.
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