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Lariza Montiel
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12 Noviembre 2017 04:00:00
La justicia que alcanza a los alcaldes
Un pensamiento que generalmente tienen los trabajadores del sector público, cuando no son sindicalizados, es que su permanencia laboral es temporal.

Esta temporalidad normalmente está ligada a la utilidad de su trabajo para el “jefe”, o en el mejor de los casos a la conclusión de una administración, por lo que llegado ese tiempo habrá de dejar su cargo “voluntariamente” y sin ninguna compensación de las previstas en la constitución.

En recientes fechas han llamado la atención dos resoluciones relacionadas con este particular, una fue emitida por un Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Veracruz, y otra por la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el primer caso se ordenó el arresto del alcalde de San Rafael, Veracruz, al no acatar el Ayuntamiento y sus autoridades una resolución laboral que les obligaba a pagar 6 millones de pesos y llevar a cabo la reinstalación de 8 trabajadores municipales despedidos en el 2011 y la nivelación salarial a otros dos.

La orden también incluyó al síndico de mayoría y al primer regidor. Entre otras obligaciones se instruyó al cabildo para integrar esta deuda en el presupuesto para el año 2018, lo cual también fue desatendido.

En este momento los arrestos han quedado en suspenso al existir amparos interpuestos por los funcionarios, sin embargo se espera que dentro de poco se revoque esa medida de protección y se proceda a fin de sancionar su irresponsabilidad administrativa y penal.

Por otro lado, en un hecho histórico, la Suprema Corte ordenó la destitución de un delegado, se trató del jefe de la delegación Venustiano Carranza Israel Moreno, así como su remisión, y la de su antecesor José Manuel Ballesteros, ante un juez federal por el delito de desacato.

El Pleno de la Corte votó a favor de la destitución de Moreno Rivera por incumplir la sentencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que le ordenaba, desde octubre de 2015, reinstalar a empleados en su demarcación.

Entre los comentarios que siguieron a esta noticia en redes sociales, hay uno que particularmente me llamó la atención: “La destitución del delegado en V. Carranza por desacato a la @SCJN, tiene un alto valor pedagógico para la clase política”.

Efectivamente, aunque el delito de desacato no es nuevo en el catálogo legal y tampoco la facultad de jueces y magistrados, mucho menos de los ministros de la Suprema Corte para llegar a estos extremos, lo cierto es que si existiera algo de conciencia y sentido de responsabilidad de parte de los titulares de los gobiernos municipales, estatales y federales estos casos no existirían.

Los exempleados públicos no tendrían por qué gastar en juicios y más juicios para obtener el respeto a sus derechos laborales, sin embargo es claro que hasta ahora el despotismo y la indiferencia de los funcionarios resultaba mayor que el reconocimiento a sus obligaciones legales, y espero que efectivamente generen el impacto que se requiere para poner alto a estas malas prácticas.

Aquí las notas que sobresalen y a las que quisiera llamar la atención de ustedes, amables lectores, son:

Primera, los recientes casos de ejemplares sanciones solo han alcanzado a funcionarios de oposición al régimen del sistema priísta. Ambas administraciones fueron de extracción perredista y existen situaciones similares en gobiernos de todos colores.

Segunda, importantísimo que estas consecuencias no afecten al presupuesto público de manera permanente, sino que en todo caso se recuperen mediante la imposición de sanciones patrimoniales por responsabilidad administrativa a quienes ordenaron y realizaron los despidos sin haberlos justificado.


Tercero y más importante, las separaciones de los empleados de una administración pública no tendrían que realizarse sin garantías, justificada o injustificadamente, y con ello llegar a convertirse en un riesgo financiero si se trabajará realmente en un sistema de funcionarios públicos sujetos a evaluaciones de aptitudes.

De esta forma se garantizaría que, si una persona tiene conocimiento y se desempeña correctamente en su cargo ésta no tiene por qué ser separada del mismo, pero que en el caso contrario, el propio sistema de competencias sería el que justifique la necesidad de separarlo de la función bajo una causa de interés público, el de lograr una mayor eficiencia en la administración, no por capricho de ningún superior jerárquico.

Al tiempo veremos si la justicia ha verdaderamente alcanzado a los alcaldes y funcionarios públicos, o si se reorganizan para mantener la impunidad de la que hasta hoy gozan en este rubro.


Lariza Montiel Luis
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