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Javier Villarreal Lozano
Javier Villarreal Lozano
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16 Julio 2017 04:08:00
La ley, nada más
Las turbulencias poselectorales que azotan a Coahuila resultan enervantes para los involucrados en las controversias y desgastan la confianza ciudadana en la eficacia del sistema democrático. El hecho de que los comicios no concluyan, como debiera ser, al terminar la elección, siembra dudas, polariza a los  grupos y aumenta el deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de organizarlos y vigilarlos.

Quizá podríamos ahorrarnos esta zarabanda poselectoral, si el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus representaciones estatales actuaran, no como lo hacen ahora, asumiendo el papel de agentes investigadores del Ministerio Público, sino como policías municipales, cuya responsabilidad –al menos teóricamente– es prevenir los delitos, no castigarlos.

Esto, naturalmente, exigiría un pulcro y oportuno manejo de cada uno de los pasos a seguir antes, durante y después de que los ciudadanos emitan su voto. En esa materia, las autoridades del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) obtuvieron una merecida calificación reprobatoria. Se diría que su deseo era incrementar las dudas, no producir confianza.    

Además, en el INE, institución a la que muchos consideran un mal parto de los partidos políticos, se apersonan un día sí y otro también dirigentes políticos para cabildear –así dicen los medios de comunicación– con los consejeros, buscando, se supone, que formulen su voto en favor de sus intereses. El INE debería evitar estos encuentros. La incredulidad del hombre de la calle abona las sospechas de la solidez de las convicciones de los consejeros, a quienes, con éxito o sin él, es posible intentar convencer mediante vaya usted a saber con qué medios.

Los partidos cuentan con representantes legales y estos debieran ser quienes acudieran al Instituto, no a cabildear, sino a presentar pruebas que eventualmente inclinen la balanza de la justicia en favor de sus representados. Eso sería lo correcto, y se resolverían los conflictos poselectorales en el seno de un organismo independiente, ajeno a presiones.

Por otra parte, opinadores con fama de enterados echaron atrás las manecillas del reloj de la historia y hablan de la resurrección de las “concertacesiones”, que nulificaban el sufragio sustituyéndolo por arreglos cupulares alcanzados mediante el intercambio de posiciones o favores políticos. Se ha insistido, por ejemplo, en la posibilidad de que el partido en el poder ceda a la oposición el Gobierno de nuestra entidad, a cambio de que avale el resultado en el Estado de México, considerado clave mirando hacia la próxima elección presidencial.   

Esperemos que tales especulaciones queden en eso, en especulaciones, pues cualquier arreglo de esa naturaleza sería una bofetada centralista a un estado soberano. Equivaldría a lanzar por el caño el pacto federal, nulificando el derecho de los ciudadanos coahuilenses a elegir a sus autoridades.

Sería altamente ofensivo que Coahuila, con todo su potencial económico y su historia de lucha, fuera tratado como simple peón sacrificable en el tablero del ajedrez nacional, para defender al alfil o a la torre cuyo número de electores resulta ser una bolsa de votos más atractiva que la de nuestro estado.

La estricta aplicación de la ley deberá prevalecer en las decisiones que se tomen. De no ser así, el agravio sería inadmisible y podríamos empezar a retirar las estatuas del chantre don Miguel Ramos Arizpe, nuestro ilustre paisano, justamente reconocido como el padre del federalismo.
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