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Gerardo Hernández
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10 Febrero 2017 03:00:00
La otra rebelión
Cuando alguien cercano al poder es defenestrado súbitamente, como acaba de sucederle a Luis Efrén Ríos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, lo primero que se piensa es que cayó de la gracia del jefe; en su caso, del gobernador Rubén Moreira. En los tenebrosos caminos de la política, hasta la propia sombra puede ser espía o agente doble. Máxime ahora, cuando la sucesión estatal entró en el túnel de la incertidumbre y nadie sabe quién saldrá como ganador el 4 de junio.

Ríos es un abogado prestigioso. En el sexenio de Enrique Martínez colaboró de cerca con Raúl Sifuentes, quien desde la Secretaría de Gobierno compitió –en desventaja– contra Humberto Moreira por la candidatura al Gobierno del Estado. El propio Ríos diseñó la estrategia para abrir el candado estatutario del PRI que impedía a Sifuentes ser postulado, por no tener un cargo de elección previo. El caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se pudo haber ganado, pero el voto sospechoso del magistrado presidente Eloy Fuentes cambió el curso de la historia política y económica de Coahuila, por la impúdica gestión de Moreira.

A los agravios del sexenio pasado se han acumulado otros, cuyos efectos son cada vez más profundos. El enfado social está a flor de piel. En la megamarcha ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad del domingo pasado en Torreón, a la que acudieron alrededor de 4 mil personas, circuló un cartel con la leyenda: “¡Ya basta! Humberto Moreira debe estar en la cárcel por haber entregado Coahuila a Los Zetas. Cárcel a Moreira!”. El otro gran tema es la deuda por más de 36 mil millones de pesos, la cual, para el exgobernador, es inexistente.

La mayor parte de los cuadros de Sifuentes fueron absorbidos por los hermanos Moreira, sin oponer escrúpulos ni resistencia; a cambio recibieron pingües recompensas (alcaldías, secretarías, diputaciones, sinecuras, presupuesto, ¡vaya!). Luis Efrén Ríos adquirió influencia en el gobierno Rubén, quien lo enfiló a la dirección de Jurisprudencia y después le encomendó el diseño de una nueva Constitución, a un alto costo para el estado, la cual al final no prosperó (tampoco el plan de convertirlo en rector). Uno de los principales impugnadores del proyecto es el magistrado Óscar Nájera. No sólo por considerarla innecesaria, sino también por su instrumentación.

Como orador en la ceremonia del 5 de febrero del año pasado, Nájera fustigó frente a la sede del Poder Ejecutivo: “Hoy circulan entre corrillos académicos de poca monta, textos que pretenden abrogar –no derogar– la Constitución de 1918, heredera directa de la Constitución mexicana (…). En ese texto de marras, suprimen, cancelan, extirpan derechos y garantías fundantes del estado de derecho democrático y constitucional. Apelan a que las categorías políticas estén por encima de la ley; es decir, que estén por encima de la voluntad del pueblo”.

También descalificó a sus autores: “De estirpe mediocre, plagian textos extranjeros (…). Esos académicos, entre comillas, ignoran que un texto constitucional es el acuerdo político fundamental y fundante de todo pueblo que aspira a vivir en un marco de libertad, democracia, igualdad y justicia. (…) en vez de ello, piensan que una Constitución es producto de falsos iluminados, quienes, desde un cómodo cubículo (…) redactan entelequias y absurdas posiciones demagógicas”. (El lunes seguiré con el tema.)
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