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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Diputada Federal, Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro honorario del Colegio de Biólogos de México. A nivel local ha ejercido diversos cargos, entre ellos el de Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario del Municipio de Monclova, Coahuila (1997-1999), su ciudad natal. Asimismo, fue Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2008-2011) en Coahuila, en donde sus principales acciones se concentraron en controlar la tala forestal clandestina en las sierras de Coahuila; conservar las Áreas Naturales Protegidas así como la fauna endémica y exótica; inspeccionar y sancionar a las industrias; verificar los residuos peligrosos y especiales y hacer un inventario de los pasivos ambientales del Estado. Inició su trayectoria legislativa en el H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, fungiendo como Diputada en la LVII Legislatura (2006–2009), en cuya oportunidad participó en las Comisiones de Medio Ambiente, Equidad de Género, Energía y Minas y presidió la Comisión del Agua. Como resultado de su actividad legislativa se impulsó una nueva Ley del Agua, la Ley de Protección a la Maternidad, así como reformas a diversos artículos del Código Penal. A nivel federal se desempeñó como Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste y Región Centro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003-2004), y ocupó el cargo de Senadora de la República en las LXII y LXIII Legislaturas (2012-2018), siendo la primera Senadora en la historia de Coahuila en haber sido electa por el principio de mayoría. En tal carácter se desempeñó como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, así como de Derechos Humanos, colaborando como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y del Parlamento Latinoamericano en las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo. Asimismo, ha sido Consejera Nacional del Partido Acción Nacional, Miembro de la Comisión Permanente de su Comité Ejecutivo Nacional, así como Coordinadora Nacional de Desarrollo Sustentable, y Coordinadora de Medio Ambiente de la Coalición Por México al Frente. Actualmente es Diputada Federal en la LXIV Legislatura, responsabilidad desde la que continúa trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Dirección: Cámara de Diputados, Oficina 64, Edificio H, Piso 2, Avenida Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, 50-36-00-00, ext. 59866. Página web: https://silviagarza.com.mx/ Correo: [email protected] Facebook: Silvia Garza Diputada, Twitter: @Silvia_Diputada, Instagram: @Silvia_Diputada

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28 Abril 2019 03:00:00
La reforma educativa
La educación es un derecho humano plenamente reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la cual indica que toda persona tiene derecho a recibir educación y que aquella que imparta el Estado deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, incluyendo el respeto a los derechos humanos (Artículo 3).

A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, señala que toda persona tiene derecho a la educación, la cual tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; y favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos (Artículo 26).

Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), adoptado en 1988, dispone que los gobiernos deben garantizar a toda persona el derecho a la educación, la cual deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz
(Artículo 13).

En este marco, el pasado 25 de abril la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, el cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la CPEUM, mismo que fue votado a favor con 381 votos, 79 en contra y
2 abstenciones.

En mi calidad de diputada federal, voté en contra del dictamen en virtud de que las modificaciones constitucionales no mejoran el derecho a la educación de la niñez y juventud mexicanas, por el contrario se trata de un grave retroceso que afectará el desarrollo de las nuevas generaciones.

La modificación de los artículos 3, 31 y 73 de la CPEUM regresará el control administrativo del magisterio a los gobiernos estatales, aunque mantiene centralizado el pago de nómina en el Gobierno federal y en el Artículo 16 transitorio se establece que el proceso de iniciación y ascenso no será por evaluaciones abiertas, sino por escalafón, en donde tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) será sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de
la Educación.

Este organismo contará con funciones más amplias de las que tiene el INEE, en el sentido de que expedirá lineamientos para valorar tanto al sistema como a las autoridades educativas.

Sin embargo, desde mi punto de vista, no debe desaparecer la autonomía constitucional del organismo encargado de evaluar la educación, toda vez que dicha autonomía permite garantizar mediciones y evaluaciones confiables, independientes de la autoridad educativa.

En tal sentido, el INEE declaró que: “Resulta claro que se cedió ante intereses políticos y gremiales que buscan recuperar privilegios, por encima del interés supremo de las niñas, niños y adolescentes a recibir una educación con parámetros claros de mejora continua”.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del PAN, en voz de su coordinador, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, señaló que: “Es peligrosísimo, quiere precisar el alcance del régimen laboral y lo único que hace es confundir y que deja preocupaciones para poder, eventualmente, introducir prácticas que puedan consolidar la corrupción, el tráfico de plazas, la venta de plazas y el tráfico de personas. … es una manzana envenenada”.

La reforma también precisa que la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión, se realizará vía métodos de selección, que serán definidos en una ley
reglamentaria.

A ello se suma que el Ejecutivo federal podrá determinar los programas de estudio para educación básica y normal, con la opinión de actores ligados a la educación, como el magisterio disidente.

Cabe destacar que la reforma fortalecerá los derechos laborales de los maestros, incluida la libertad y autonomía para elegir a sus dirigentes sindicales a través de voto secreto y universal, lo cual me parece un avance en la materia.

Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, corresponde ahora al Senado de la República proceder al análisis de la reforma educativa y, en su oportunidad, emitir el dictamen que corresponda.

Nuestros niños y jóvenes merecen una educación de calidad, es un derecho fundamental que no podemos arrebatarles. Sin educación no existe innovación tecnológica, conocimiento científico, ciudadanos informados o simplemente una sociedad que exija sus derechos.

La ignorancia es la antesala de un país que progresivamente sufrirá del desmantelamiento de sus instituciones.

Nos leemos la próxima semana.
¡Muchas gracias!

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