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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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13 Noviembre 2015 05:00:55
La Suprema Corte del Derecho
Desde 1998, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en claro que el malestar social derivado de sus resoluciones poco le importa, y que los intereses de los ciudadanos comunes no forman parte de los criterios en los que apoya sus determinaciones. En aquel tiempo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una franca afrenta a los ciudadanos y evidente colusión con los banqueros integrantes desde entonces, de los grupos extranjeros de poder económico, resolvió procedente la práctica del anatocismo, que no es otra cosa sino la capitalización de los intereses, de modo que sumándose tales intereses al capital originario pasa a redituar nuevos intereses. Dicho en palabras simples: la SCJN permitió entonces que los bancos cobraran intereses sobre intereses generados, esto a pesar de que la mayoría de las legislaciones del mundo lo prohíben. El principal argumento utilizado por el Pleno de la SCJN, era que el deudor desde la firma del contrato aceptaba de manera expresa someterse a tal vejación económica.

Contrario a eso, nuestra Suprema Corte ha sido tibia al momento de sancionar actuaciones en asuntos que involucran a políticos y decisiones del Estado como la caída del sistema, Amigos de Fox, Hildebrando, Monexgate, etcétera, o bien, bastante firme en resoluciones que los favorezcan, como sucedió en los casos como el de Lydia Cacho, guardería ABC o el vergonzoso asunto de la francesa Florence Cassez.

Esta inconsistencia y falta de congruencia en las decisiones de nuestros ministros hacen evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de una verdadera independencia ante el Poder Ejecutivo, el cual concede a los ministros sin causa aparente, estratosféricos salarios que más bien pudieran considerarse como el instrumento para materializar el cohecho, e imposibilitar a los ministros a decir que “no” a los deseos, órdenes o solicitudes del Presidente en turno, quien la mayoría de la veces funge como representante del capital.

Sólo bajo este argumento los mexicanos podemos explicarnos el porqué los ilustres ministros han dedicado su costoso tiempo en últimas fechas a resolver asuntos banales, sin mediar argumentos científicos que avalen el beneficio común, como es el caso de la adopción entre homosexuales y el uso lúdico de la mariguana, que sin duda alguna terminarán afectando a quienes son la parte más sensible de la sociedad, como lo son los jóvenes y los niños, decisiones que por su alto contenido de torpeza al final de cuentas terminarán siendo modificadas por autoridades internacionales con mayor compromiso social.

En resumen, la Suprema Corte de Justicia con sus actuaciones ha logrado alejar cada vez más a la Justicia del Derecho, al conceder canonjías a la clase política y aprobar cada día resoluciones que agravian a los ciudadanos, apoyando sus resoluciones principalmente en la ley escrita sobre la verdadera justicia, olvidando que su principal labor es la de velar por los derechos fundamentales de los mismos, como lo son el derecho a la educación gratuita, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, principales problemas de nuestra sociedad de tercer mundo, para dedicarse en últimas fechas a promulgar jurisprudencias innovadoras que corresponden a una sociedad de primer mundo que no es la nuestra.
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