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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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21 Octubre 2016 04:07:00
La última reforma (laboral)
Hasta hoy no existe fecha precisa para la entrada en vigor de la reforma laboral propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en los últimos días, y por la cual se pretende modificar y adicionar los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, ambos ordenamientos referentes a la impartición de justicia en materia laboral. A pesar de lo anterior, el Pleno del Senado de la República ya aprobó el proyecto de decreto que las contempla, lo que nos lleva a concluir que a este proceso de reforma sólo resta pasarlo a la Cámara de Diputados a fin de que ésta lo ratifique y empezar entonces con la implementación de las mismas.

Con dichas modificaciones, el Ejecutivo federal pretende alcanzar una reestructuración significativa del sistema de justicia laboral. Esta nueva propuesta que intenta propiciar un cambio del sistema de relaciones laborales en su conjunto, es considerada por los legisladores como la más importante iniciativa en materia laboral desde 1917, año en que se promulgó la primera reglamentación del trabajo como parte del derecho social en nuestro país. Ante tal afirmación, pareciera que nuestros representantes y Presidente han olvidado que con la última reforma laboral en México, propuesta y aprobada por los mismos, hace poco más de dos años, lo único que se logró es que el trabajador perdiera los beneficios que de alguna manera equilibraban la desigualdad social y natural que existe entre él y los dueños de los medios de producción, y que incluso los propios empresarios han comenzado a sentir los efectos de esta mala decisión de modificar por modificar lo ya establecido y sin medir el impacto que tales cambios producen en nuestra sociedad.

Para quien esto escribe, la última reforma realizada a la ley laboral avalada en su momento por la mayor parte de los congresistas, es por demás inadecuada, ineficaz y perversa, y quien opine lo contrario deberá entonces encontrar otro motivo al cual culpar de la desaceleración en el crecimiento del empleo en nuestro país los últimos 24 meses; de igual forma tendrá que encontrar un motivo distinto que explique el porqué han disminuido las plazas laborales de tipo formal, mismas que han perdido también calidad tanto en ingreso como en duración contractual.

De aprobarse esta reforma, la modificación al actual sistema de justicia laboral empezará a surtir efectos, iniciando por la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje de integración tripartita, conforme al Artículo 123 constitucional, apartado A, fracción: XX, en cuyos términos se obliga a que las juntas laborales deban integrarse con un representante del Gobierno, e igual número de representantes del capital y del trabajo. Es decir hasta el día de hoy las juntas de conciliación eran constituidas de manera democrática, ya que los trabajadores y los patrones organizados designan a sus respectivos representantes, según se mandataba en los artículos 652 y 653 de la Ley Federal del Trabajo.

De entrada esto dejará de ser así, ya que esta iniciativa transfiere la impartición de justicia laboral a los nuevos tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, los cuales sustituirán a estas juntas de Conciliación y Arbitraje.

Con esta iniciativa se evidencia que los legisladores de manera deliberada dejaron de tomar en cuenta que las principales funciones de las juntas de conciliaciones lo son: constituirse en tribunales de equidad, protectores de los derechos de los trabajadores, democráticas por encontrarse integradas por representantes obreros, patronales y de Gobierno, pero sobre todo, encargadas de aplicar las leyes laborales de manera flexible y no en forma rígida como ahora. Sin duda sucederá con los tribunales de Derecho, los cuales me atrevo a decir que sin la vigilancia e injerencia del sector obrero y el capital, serán presa fácil de la corrupción que ya se ha enquistado desde hace mucho tiempo en ese poder judicial.
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