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Armando Luna Canales
Armando Luna Canales
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06 Abril 2016 04:07:15
La verdad sobre el 29
La suspensión de garantías establecida en el Artículo 29 constitucional no ha sido reglamentada jamás. Desde 1917 a la fecha nuestra Constitución establece esta posibilidad, pero no existe una norma que reglamente los alcances y los límites con los cuales se llevaría a cabo una hipotética suspensión.

Desde la antigüedad se ha recurrido al concepto de evidente necesidad para quitar los límites del poder del gobernante cuando debía hacerse frente a un peligro grave para la nación. La salud del pueblo es la ley suprema (Salus populi suprema lex est) o bien que la necesidad no tiene ley (necessitas legem non habet) son fórmulas que han permitido
justificar la transformación de un estado normal de poderes limitados a uno de excepción. Es a partir de la Revolución francesa que surge la idea de que las leyes que protegen libertades no podrían ser limitadas bajo ninguna circunstancia o pretexto. Idea de corta vigencia si atendemos a las múltiples suspensiones de leyes, e incluso de la Constitución, durante el régimen revolucionario, el de Napoleón Bonaparte, la restauración y hasta la monarquía de julio. Suspensiones brutales contra los enemigos del régimen.

De ahí que la Constitución de 1848 dispone un marco jurídico para el estado de excepción. Se trata de un término medio entre la legalidad normal y el reinado de lo arbitrario. Una legalidad de excepción, pero legalidad a fin de cuentas.

La ley que se discute viene a llenar un vacío de absoluta discrecionalidad. No se hace en forma unilateral, sino con la participación de todos los Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con un control permanente del Judicial y de la comunidad internacional. Hablamos de un estado excepcional que cuenta con controles políticos y
judiciales reforzados. Es pertinente preguntar por qué legislar hoy. Un argumento formal sería que el constituyente, con el voto de todos los partidos, ordenó que se hiciera esta ley en término que ya ha sido superado. Pero no basta la formalidad, es necesario precisar que hoy hay estabilidad para hacerlo, no puede ser bueno legislar sobre la
urgencia en medio de la urgencia. Sin prisas, esta ley tiene ya años en discusión, contempla los estándares internacionales para la protección de derechos incluso en casos excepcionales. Aunado a que contiene un amplio grupo de derechos que no pueden ser limitados bajo ninguna circunstancia. La ley propuesta no limita derechos. Los protege
aun en los casos más extremos. La crítica sobre esta ley esconde una perversa mentira. El estado de excepción ya está en la Constitución desde 1917, reglamentarlo es a favor del ciudadano y en contra de la absoluta discrecionalidad que existe hoy. El autoritario busca mantener la situación discrecional actual contra una ley que lo limite. Legislar
ahora sobre suspensión de garantías es una obligación, pero es también lo correcto y necesario.
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