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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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16 Enero 2018 04:00:00
La visión afectada de Peña Nieto
El extraño incidente de las lámparas que dañaron la vista del Presidente, de varios miembros del Gabinete y del Gobernador de Querétaro la semana pasada, parece haber dejado secuelas en la óptica con la que Peña Nieto observa la problemática de criminalidad e impunidad en el país. Porque ayer que se subió al tren de las campañas presidenciales –tal vez preo-cupado por el rezago de su candidato y su partido– al cuestionar la propuesta de amnistía a narcotraficantes hecha por López Obrador, el Mandatario federal lanzó una proclama que confirma que, respecto a la inseguridad en el país, Peña tiene la visión afectada y sólo ve lo que le conviene.

“No puede haber perdón ni olvido para los delincuentes. No puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”, dijo el Presidente sobre el planteamiento del candidato de Morena. Pero en su crítica, el Presidente olvidó que, en lo que va de su Administración, más de 103 mil asesinatos violentos y al menos 40 casos de homicidios contra periodistas –por mencionar sólo un par de cifras– representan una “falla a la sociedad” y una “traición a México”. La impunidad escandalosa de 99.5% de asesinos y criminales libres y sin castigo, hablan de un Estado y un Gobierno, el suyo, que dejó “hacer y pasar” a los criminales.

Si bien la propuesta de López Obrador, el pasado 3 de diciembre, desató polémica y fue atacada por familiares y víctimas del narcotráfico, el planteamiento es debatible y en ese debate el Presidente tiene derecho a opinar. El problema es que, al no poder resolver la crisis de seguridad y violencia que heredó del Gobierno de Felipe Calderón y entregar un país con una inseguridad mayor y desbordada, Peña perdió autoridad política y moral sobre el tema.

El fracaso de la política de seguridad es perfectamente medible en el hecho de que nunca se logró la principal meta trazada el 1 de diciembre de 2012, en el primero de los cinco ejes que Peña Nieto definió para su Gobierno al asumir la presidencia: “1. Gobierno de paz. Reducir la inseguridad y violencia que han robado la paz y la libertad de diversas comunidades del territorio nacional”. ¿Se redujo la inseguridad y violencia? Todo lo contrario, permaneció y se agravó en regiones que ya estaban convulsionadas al inicio de esta Administración, y además se extendió a otras entidades que estaban en paz y configuró un mapa violento y de inseguridad que hoy abarca la mayor parte de la República.

El propio exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en defensa de la estrategia de seguridad, decía ayer en una entrevista con Milenio que desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y anexar la seguridad a la Segob, “no fue una ocurrencia” y buscó “acabar con la dispersión, competencia y cero coordinación” entre instituciones en los gobiernos de Fox y Calderón. La estrategia funcionó en los primeros tres años del Gobierno al reducir los homicidios dolosos de 21 a 17 por cada 100 mil habitantes, dijo Osorio, pero también aceptó que después la situación se descompuso por cambios de Gobierno en estados y municipios y porque el Poder Legislativo no entendió esa dificultad y no permitió consolidar el mando policíaco en las 32 entidades federativas. “Hoy no es echar culpas, sino ver que hay una dificultad”, reconoció Osorio.

Eso es lo que no quiere “ver”, con su visión afectada, el presidente Peña. Que lo que nos deja al final de su Gobierno es un país violentado, una sociedad agraviada, lastimada y sometida por la delincuencia, un Estado de derecho inexistente y una impunidad que aniquila a la justicia. Y sobre todo, un Gobierno rebasado, inepto y manchado por la corrupción de sus miembros y su partido que, si aplicara realmente la proclama presidencial de que “a los delincuentes ni perdón ni olvido”, terminaría con sus titulares, medio gabinete, gobernadores y dirigentes en la cárcel.
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