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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro honorario del Colegio de Biólogos de México. A nivel local ha ejercido diversos cargos, entre ellos el de Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario del Municipio de Monclova, Coahuila (1997-1999), su ciudad natal. Asimismo, fue Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2008-2011) en Coahuila, en donde sus principales acciones se concentraron en controlar la tala forestal clandestina en las sierras de Coahuila; conservar las Áreas Naturales Protegidas así como la fauna endémica y exótica; inspeccionar y sancionar a las industrias; verificar los residuos peligrosos y especiales y hacer un inventario de los pasivos ambientales del Estado. Inició su trayectoria legislativa en el H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, fungiendo como Diputada en la LVII Legislatura (2006–2009), en cuya oportunidad participó en las Comisiones de Medio Ambiente, Equidad de Género, Energía y Minas y presidió la Comisión del Agua. Como resultado de su actividad legislativa se impulsó una nueva Ley del Agua, la Ley de Protección a la Maternidad, así como reformas a diversos artículos del Código Penal. A nivel federal se desempeñó como Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste y Región Centro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003-2004), y ocupó el cargo de Senadora de la República en las LXII y LXIII Legislaturas (2012-2018), siendo la primera Senadora en la historia de Coahuila en haber sido electa por el principio de mayoría. En tal carácter se desempeñó como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, así como de Derechos Humanos, colaborando como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y del Parlamento Latinoamericano en las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo. Asimismo, ha sido Consejera Nacional del Partido Acción Nacional, Miembro de la Comisión Permanente de su Comité Ejecutivo Nacional, así como Coordinadora Nacional de Desarrollo Sustentable, y Coordinadora de Medio Ambiente de la Coalición Por México al Frente. Actualmente es Diputada Federal en la LXIV Legislatura, responsabilidad desde la que continúa trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Dirección: Cámara de Diputados, Oficina 64, Edificio H, Piso 2, Avenida Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, 50-36-00-00, ext. 59866. Página web: https://silviagarza.com.mx/ Correo: [email protected] Facebook: Silvia Garza Diputada, Twitter: @Silvia_Diputada, Instagram: @Silvia_Diputada

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30 Abril 2017 04:00:00
Las deudas de Moreira…
Antes de finalizar el periodo legislativo presenté un punto de acuerdo muy importante para los habitantes de Coahuila relacionado con la participación en los Recursos Fiscales Federales (Ramo 28) correspondientes al ajuste al ejercicio fiscal 2016. Esto con el propósito de solicitar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Rubén Moreira cumplir con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, que indica que todo adeudo por concepto de Participación de Aportaciones Federales deberá hacerse en enero del siguiente ejercicio fiscal correspondiente y, sin embargo, no ha ocurrido. Permítanme explicarles la importancia de esta cuestión.

El espíritu de dicha ley se centra en facilitar y distribuir de manera equitativa, transparente y eficaz los recursos que la Federación obtiene por la vía fiscal. Con base en este criterio, las autoridades federales asignan recursos utilizando diferentes fórmulas establecidas a partir de diversos indicadores de desempeño económico y recaudatorio. La aplicación de los fondos que la Federación entrega a estados y municipios atiende a criterios de eficiencia económica, pues están asignados a áreas prioritarias para el desarrollo integral del país. Todos estos elementos han buscado reducir, y finalmente eliminar, la distribución de los ingresos federales con criterios particulares.

Un aspecto importante en esta ley es la utilización de diferentes fórmulas que permiten a las haciendas estatales y municipales adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal obtener una participación en los ingresos federales con base en criterios asociados a su buen desempeño económico, financiero y recaudatorio. La meritocracia y transparencia, que han sido signos importantes en el espíritu de aplicación de la citada ley, a través de los convenios que la SHyCP establece con las entidades federativas, ha dado como resultado procesos administrativos diáfanos en los criterios de distribución de los ingresos federales.

Un último aspecto de la Ley de Coordinación Fiscal es la estandarización de procesos administrativos y operativos. Las haciendas estatales y municipales reportan sus actividades en materia de recaudación fiscal en formatos estándar a la SHyCP. Esta estandarización permite tanto a las autoridades federales como a estados y municipios, saber con precisión su aportación a la Federación, así como los ingresos fiscales federales que les corresponde con base en criterios de mérito establecidos entre aquellos y la Secretaría de Hacienda.

Uno de los mayores retos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es el fortalecimiento de los ingresos de los estados y municipios para enfrentar las crecientes necesidades económicas y sociales de la población. Estos recursos se relacionan, entre otros, con dos factores: el desempeño de la actividad económica nacional y la capacidad financiera local.

En cuanto a la actividad económica nacional: el PIB mexicano creció 2.3% en 2016, cifra ligeramente menor al 2.6% del año anterior en un ambiente internacional incierto. A esto se sumó un factor que fue decisivo en las finanzas públicas federales y locales: la tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo. Tan sólo la mezcla mexicana descendió más de 50% entre 2014 y 2016. Esta circunstancia afectó las finanzas públicas nacionales y por lo tanto las estatales y municipales. El estado de Coahuila no fue la excepción.

En cuanto a la capacidad financiera local: en los últimos dos años los créditos domésticos han ido al alza, impactando la capacidad financiera de las administraciones estatales y municipales con alto apalancamiento. Tan sólo los Cetes a 28 días aumentaron su rendimiento de 2.98% promedio en 2015 a 4.17% en 2016. Esto afectó a las haciendas estatales y municipales, sobre todo las que heredaron administraciones altamente endeudadas, y restringió la capacidad de maniobra para promover actividades económicas en pro de la población.

Esos efectos mencionados propiciaron en 2016 una caída de 7.1% en las participaciones federales correspondientes al Ramo 28 que le concernieron por ley a Coahuila.

A esta circunstancia de afectación nacional se sumó otra local de carácter administrativo: la entrega rezagada por parte de la Secretaría de Finanzas estatal, de las participaciones federales autorizadas por la SHyCP a municipios en Coahuila. A la fecha Sefin adeuda recursos del Fondo General de Participaciones (Ramo 28) correspondientes a 2016 a varios municipios, afectando su capacidad de gestión.

En Coahuila, el retraso en la entrega de estos recursos se traduce en obra pública incompleta y falta de atención a las necesidades sociales, económicas y financieras de cada localidad. Tal es el caso de Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Monclova y Frontera, a los que se les adeuda alrededor de 178 millones de pesos por ajuste anual de participaciones del ejercicio 2016, de un total de $293,851,718.00 pendientes de entregar a los 38 municipios.

A la delicada situación económica nacional hay que sumar el incumplimiento en la entrega de recursos que por ley corresponde a los municipios y que la Secretaría de Finanzas estatal no ha logrado subsanar en detrimento del desarrollo económico y social de la entidad.

Para los municipios coahuilenses este retraso en la entrega de los recursos financieros afectan su capacidad de impulso económico y por ende su autonomía presupuestaria.

Por lo anterior, sometí a consideración del Senado un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila a la liquidación de los adeudos totales que esa entidad federativa tiene con los municipios por concepto de Participación en los Recursos Fiscales Federales correspondientes al ajuste al ejercicio fiscal 2016.

Aquí no hay colores, los recursos tienen que llegar a los municipios, el Gobierno de Rubén Moreira debe responder. Lograrlo sería muy importante para los habitantes de Coahuila.

No podemos permitir más impunidad y corrupción del gobierno actual. Miguel Riquelme, quien durante su campaña presume que su estrategia será que “a Coahuila lo que le corresponde”, hablando de los impuestos que deben llegar a Coahuila, pero en los años al servicio de los coahuilenses no ha hecho nada por lograrlo, y vaya que ha tenido oportunidad, pues ha ocupado distintos cargos para poder ayudar, pero sólo ha logrado es afectación a los coahuilenses; no creamos en sus mentiras, el cambio tiene que llegar a Coahuila.
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