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Federico Muller
Federico Muller
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22 Marzo 2019 03:11:00
Las instituciones públicas de salud
La atención a la salud de la población desde la perspectiva económica, en cualquier parte del mundo, tiene un costo muy elevado, aunque con diferentes matices y grados. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido motivo de acaloradas discusiones en el Congreso dejar la salud de los ciudadanos en manos de las aseguradoras mediante la compra de seguros médicos o que sea exclusivamente responsabilidad del Estado.

En cambio, en países con menos población y más desarrollo económico, se brinda a sus habitantes una mayor calidad en la prestación de los servicios médicos (el caso de los nórdicos), lo que se logra mediante el cobro de impuestos relativamente más elevados.

Aun así, los oligopolios farmacéuticos a escala mundial hacen de la medicina de calidad un bien inalcanzable para la mayoría de la población.

En México, fue un gran acierto político y social la creación de instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE. Su estructura fue de vanguardia en su momento, con la participación económica de trabajadores, empleadores y Estado.

Lamentablemente, su descapitalización paulatina las ha convertido en hospitales con servicios clínicos poco eficientes en la atención a sus pacientes. Se pueden mencionar tres factores, además del ya mencionado, que han influido en su decadencia financiera y técnica.

El primero, corresponde al sorpresivo aumento de la esperanza de vida de los mexicanos. En las reformas administrativas emprendidas por tales dependencias no se consideró debidamente el aumento de la longevidad de los asegurados.

Si consideramos el promedio de vida que tenían los ciudadanos en 1960 (no llegaba a los 60 años), en la actualidad sobrepasa los 75 años, lo que hace que los planes de pensiones estén al borde del colapso financiero.

El segundo factor tiene que ver con la aparición de enfermedades crónico degenerativas, de las que algunas eran poco frecuentes entre los mexicanos; no obstante, se han multiplicado con el envejecimiento de la población y su tratamiento médico es oneroso y largo.

Como último factor a comentar, aparece la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la diversificación de funciones que se fueron añadiendo, a través del tiempo, a los institutos de seguridad social.

En México, la mayoría de las dependencias públicas ha sido susceptible al despilfarro y malversación de fondos públicos, y el sector salud no es la excepción.

Desde los robos hormiga de los trabajadores de los nosocomios hasta la desviación de recursos por los altos directivos para financiar campañas políticas o para satisfacer intereses personales, contribuyeron a la decadencia hospitalaria que enfrentamos los mexicanos, que carecemos de los recursos monetarios para recibir atención médica privada.

Con la intención, muy loable por cierto, de cubrir otros satisfactores, además de la salud, se crearon centros turísticos, deportivos, hoteles, agencias de viajes, tiendas de autoservicio y financieras para la construcción de vivienda, entre otros. En términos menos coloquiales, se puede decir que eran logros que alcanzaban los trabajadores y que formaban parte del estado de bienestar de antaño.

Lo negativo fue que no se contó con un plan nacional de largo alcance que priorizara el ejercicio de los recursos, descuidando el elemento esencial de la seguridad social: la salud. Para muestra de lo anterior, recientemente se publicó, en forma sucinta, el estado en que se encuentran las finanzas del ISSSTE.

Según su Dirección Nacional, uno de los pasivos que tiene la institución asciende a 31 mil millones de pesos y corresponde a las aportaciones que no han hecho las dependencias públicas a las arcas del Instituto, pero lo más lamentable es que de esa cifra, 27 mil millones pertenecen a las pensiones de los trabajadores, por lo que su retiro, después de más de 30 años de servicio, está en riesgo.
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