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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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21 Julio 2017 04:00:00
Las nuevas elecciones
Bastante tímido, por no decir extraño, ha sido el proceder de los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dado que en más de una ocasión han dudado en aprobar con firmeza el dictamen de gastos de campaña en las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila, lo anterior a pesar de que desde hace más de dos semanas la Unidad Técnica de Fiscalización del citado Instituto encontró rebase de topes de gastos de campaña en las dos coaliciones que contendieron en este estado en la elección a Gobernador. Tanto Miguel Ángel Riquelme como Guillermo Anaya rebasaron los topes de campaña.

Debemos recordar que de manera inicial la Comisión de Fiscalización del INE dejó ver que existía en el gasto de campaña de los candidatos un rebase del 31% por parte de la coalición del PRI y del 26% respecto a la coalición del PAN. Pero, después de un ir y venir de los representantes y dirigentes nacionales de ambos partidos a las oficinas del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, dizque para comprobar gastos en forma económica, el citado órgano rector de los comicios en la nación al final tuvo a bien decretar y aprobar un dictamen en el cual se declaró que, en el caso del PRI o coalición Por un Coahuila Seguro, el rebase del tope de gastos ascendió sólo al 7.86%, mientras que en el caso del PAN o coalición Alianza Ciudadana por Coahuila fue de un 4.56 por ciento.

Además de lo anterior y por si los partidos no hubieran tenido el tiempo suficiente para tapar sus faltas, el mismo Consejo del INE concedió a los infractores un término fatal que vence el próximo martes, para que los involucrados presenten las pruebas que se supone ya tenían, pero que, por cualquier causa, no habían presentado en tiempo a esa unidad.

Cabe mencionar que en dicho dictamen se dejó de analizar lo relativo al pago de los representantes de casilla de ambos partidos el día de la jornada electoral, lo que podrán arreglar los partidos infractores y demostrar que ni un solo peso erogaron en favor de sus representantes ante las mesas directivas de casilla, por lo que, de no hacerlo, el resultado de este dictamen será mucho más alto.

Entonces, no es necesario esperar el vencimiento del plazo concedido para considerar que la elección fue ilegal, dado que se rompieron de manera deliberada por ambos partidos, los principios de legalidad, equidad y certeza en la contienda. A pesar de lo anterior, ambos adversarios e incluso el propio Instituto Electoral se niegan a admitir que fallaron y que intentar legitimar una elección plagada de irregularidades, sería tanto como aceptar que en nuestro país la ley es letra muerta y que el estado de derecho ha sido desaparecido.

De considerarse que la elección en Coahuila ha sido legítima a contra justicia, estaríamos ante el anuncio de la llegada de una nueva era en la política de nuestro país, la cual se caracterizará por menospreciar la ley.

Entonces, a partir de ahora, las nuevas elecciones políticas permitirán todo tipo de conductas e ilegalidades a los participantes, empezando por consentirse gastos sin freno en todas las campañas, todo esto bajo el cobijo de las autoridades que desde ahora preparan ya, sin duda, una desafortunada elección presidencial 2018.
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