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Carlos Gutiérrez Montenegro
Carlos Gutiérrez Montenegro
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Psicólogo, Maestro en Enseñanza Superior por la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente desarrolla su campo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Saltillo, como coordinador de investigación; en el Centro de Asesorías, A.C. como psicoterapeuta psicoanalítico; Asesor técnico del Centro de Investigaciones Psicopedagógicas, de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Coahuila; Productor de contenido del programa “De Frente” y editorialista del canal 7 RCG de televisión, además de articulista del periódico “Zócalo” de Saltillo. Algunos de sus escritos e investigaciones son: "PSICOANALISIS Y SOCIEDAD", publicado por la Universidad Veracruzana en 1982, el 'ESQUEMA DE LA PUBLICIDAD', también publicada por la Universidad Veracruzana en 1984, la 'ESCUELA PARA PADRES", publicada por la Secretaría de Educación Pública de Coahuila y el Instituto de Servicios Educativos del Estado de Coahuila, en 1993 (primera edición) y en 1994 (segunda edición). Además, la investigación llamada ‘ESTUDIO EXPLORATORIO Y PROSPECTIVA DEL PROGRAMA MECED EN EL ESTADO DE COAHUILA’, realizada en una colaboración conjunta de la UPN con el DIF Estatal y la Secretaría de Educación Publica de Coahuila y la investigación “ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DETERMINANTES DE LA REPROBACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA”, de reciente publicación.

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06 Julio 2017 04:00:00
Ley Anticorrupción: crónica de una muerte anunciada
Si es cierto que la dinámica nacional consiste, como dice el refrán, quien no transa no avanza y si también es cierto que las leyes anticorrupción van a funcionar, tal vez el país caiga en una grave parálisis, porque se va a requerir de un cambio total de mentalidad y la construcción de nuevos repertorios de actitudes hacia el cambio de valores y eso va a llevar mucho tiempo. Porque no basta con la disposición de la autoridad, con la convicción de las altas esferas del poder de que ya es tiempo de ser honestos y con la idea del poder central de estructurar mecanismos que se deben replicar en los estados para que funcione el sistema como un todo. No es suficiente. Es necesario que la sociedad civil, la base social, asuma como propia la lucha contra la corrupción. Porque si nosotros, los ciudadanos, no nos unimos al proyecto, no va a pasar nada.

Como sea, entiendo que en todo el país los congresos de los estados están integrando sus leyes a las emanadas del Congreso de la Unión, con su Sistema Nacional Anticorrupción para establecer, dicen, las bases mínimas para la emisión de políticas públicas integrales en la prevención y combate a la corrupción, y para ello se conformó, según leí en la iniciativa enviada por el Gobierno del Estado y aprobada por el Congreso, el decreto para crear la Ley del Sistema Anticorrupción, un Sistema Estatal con un Comité Coordinador; un Consejo de Participación Ciudadana y representantes de los municipios. El Comité Coordinador se integrará por ocho integrantes de instancias gubernamentales, lo que les atará las manos para actuar en contra de sus empleadores. Este trabajo debería ser hecho por organizaciones ciudadanas, pero no al estilo del Consejo de Participación Ciudadana como el propuesto, que se supone será integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, pero que serán elegidos por una comisión de selección de nueve ciudadanos, seleccionados por el Congreso, lo que se entendería como rizar el rizo. Además, no puedo dejar de recordar esa vieja máxima atribuida a Napoleón, que dice: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”. O un comité.

Se proponen también una Secretaría Ejecutiva, que dará apoyo técnico al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y más instancias con sus funciones y estructura. El problema es que la corrupción, que infesta toda la estructura gubernamental, la vida social y política y se ha convertido en una característica casi cultural de nuestro país, no se erradicará con leyes que pudieran correr la misma suerte que muchas otras que son letra muerta. Se requiere una intervención profunda e integral de toda la sociedad, de sus diferentes niveles y estratos, porque una sola acción, por muy bien intencionada que esté, no va a desarraigar el uso del poder público para conseguir ventajas ilegales. La transparencia y una profunda convicción ética en el actuar político será lo único que legitime al Estado, no una serie de leyes tal vez hechas sobre las rodillas. Y como “hecha la ley, hecha la trampa”, una política pública contra la corrupción requiere empezar del núcleo mismo que genera la corrupción y eso sólo puede hacerlo una verdadera contraloría social ciudadana, independiente del poder político constituido.

En todo el país, incluido nuestro estado, las organizaciones civiles, la base política ciudadana, planteó propuestas a los gobiernos federal y estatal que no se aceptaron, que tal vez ni se discutieron. Las más conocidas fueron la de revocación de mandato y la muy necesaria de que las organizaciones civiles participen de manera directa en la elección de las ternas para los puestos clave, desde el Comité Coordinador hasta el Fiscal, pasando por los magistrados y demás figuras. Porque si desde el poder se eligen, los compromisos estarán con el poder y no se logrará nunca el contrapeso. Combatir ya a la corrupción es vital porque la sociedad política está en una severa crisis que puede llevar a la democracia o bien a nuevas formas de participación ciudadana o a una dictadura que no nos quitaremos en décadas. Y si hablamos de la esencia de la corrupción, lo que nos corrompe políticamente no es la pasión de mandar, sino el afán de obedecer. Y obedecemos no porque estemos locos sino desorientados. Y además quieren que nos quedemos mudos, corrompidos. No lo permitamos.
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