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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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10 Junio 2016 04:00:40
Ley olvidada
Fue en octubre de 2015 la fecha en que la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó al Congreso local instruyera un procedimiento en contra de un regidor panista del Ayuntamiento de Arteaga, y dicho procedimiento pudo concluir hasta enero del presente año, fue hasta entonces que los diputados concluyeron que efectivamente esta procuraduría había, mediante sus diligencias, comprobado la ilegal conducta del funcionario municipal, la cual encuadraba en el catálogo de delitos contenidos en el Código Penal local; ante tal aseveración, al Congreso no le quedó otra más que suspender de su encargo al funcionario por todo el tiempo en que estuviera sujeto a proceso penal, ya que de entrada se desprendía la existencia de la responsabilidad del servidor público.

Fue la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal del Congreso del Estado, la que debió dar cauce al anterior procedimiento inédito, a pesar del también inédito interés de los legisladores para castigar al presunto delincuente, al momento de la aplicación de la respectiva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Los legisladores se encontraron con una serie de lagunas e imprecisiones que dificultaba su aplicación, esta cuestión poco les había interesado a los diputados priistas los cuales, hasta ese día, desconocían la citada ley y su aplicación.

Así pues, oficiosos como siempre, el pasado 25 de mayo, el grupo parlamentario “Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del diputado José María Fraustro Siller, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se debían reformar tanto el Artículo 162 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como, el rediseño total de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La desestimada y olvidada ley contempla, ni más ni menos, lo relativo al Capítulo Único del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado, en materia de los sujetos de responsabilidad en el servicio público, las obligaciones en el servicio público, las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que se deban resolver mediante juicio político; las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones; las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal de los servidores públicos a que se refieren los artículos 162 y 165 de la Constitución Política del Estado, y el registro patrimonial de los servidores públicos.

A pesar de los antecedentes de corrupción en las administraciones pasadas en esta entidad, la intención de castigar al regidor arteaguense evidenció lo que todos sospechábamos y que es, que hasta esa fecha, la disposición de nuestros legisladores para castigar a un funcionario público deshonesto era nula, si no cómo se explica que la ley que regula el procedimiento sancionatorio no había sido revisada y mucho menos aplicada desde su propia promulgación, la cual dicho sea de paso, tuvo lugar desde el mes de abril del lejano 1984.
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